En 1992, Isabel II, la fallecida reina de Inglaterra, se preparaba para celebrar los 40 años de su subida al trono. Si embargo, una serie de desgracias, como la ruptura entre Carlos y Diana o el incendio del castillo de Windsor, le llevaron a resumir aquellos doce meses con una expresión que hizo fortuna: «Annus horribilis».

Ahora, a Pedro Sánchez le toca afrontar su particular semana horribilis, por muchos motivos, pero uno por encima de todos: su declaración ante el juez en la Moncloa mañana martes. 

La causa abierta contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por presunto tráfico de influencias vivirá un momento clave esa jornada cuando su esposo declare como testigo, tras negarse el juez a que lo haga por escrito como él había solicitado.

Es la primera vez que un magistrado se desplazará a la Moncloa para tomar declaración como testigo a un jefe del Ejecutivo en ejercicio, en una decisión recurrida por la Fiscalía y la defensa de Begoña Gómez, que entienden que debe anularse o, en todo caso, llevarse a cabo por escrito porque se trata de hechos relacionados con el cargo de jefe del Ejecutivo. Estos recursos aún no han sido resueltos.

Sánchez también envió esta semana un escrito al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, en el que decía que quiere colaborar con la justicia y precisaba que, según el artículo 412.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, su declaración deber ser por escrito por razón de su cometido como presidente del Gobierno. «Es notorio -añadió- que mi comparecencia resulta inescindible de la condición de presidente».

De cara a la declaración del presidente, la Fiscalía ha pedido al juez que aclare la providencia en la que estipulaba que una comisión judicial se trasladaría a la Moncloa y que la declaración quedaría grabada, ya que no precisa si estarían presentes ni el Ministerio Fiscal ni las otras partes, algo que considera necesario para garantizar los derechos de la investigada y del resto de personados en el proceso.

Las acusaciones particulares inciden, además, en que Sánchez tampoco podría acogerse a la dispensa legal que le exime de testificar en contra de su mujer, ya que hay otros dos investigados: el empresario Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de varios contratos públicos investigados, y el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache.

Precisamente estos dos encausados prestarán declaración un día antes que el líder socialista, hoy lunes, tras haber declarado ya como testigos ante el magistrado.

Otro frente que tiene abierto el presidente es el de cerrar los «importantes» flecos del acuerdo con ERC para la investidura de Salvador Illa a escasas jornadas de que se agote el ultimátum dado por los republicanos, que fijaron el último día de este mes para sellar un entendimiento o se levantarían de la mesa de negociación. Yahí, tendrá que retratarse con una nueva concesión económica a Cataluña y su reclamación de una fiscalidad específica. 

Tras ver desbaratados sus planes de encarrilar los Presupuestos del próximo año como consecuencia de la rebelión de Junts al no aprobarle el techo de gasto, el presidente sufrió otro revolcón ese mismo día en el Congreso cuando tampoco salió adelante su reforma de la Ley de Extranjería con un asunto candente: el reparto de menas. Un problema que tiene abierto y que podría estallarle de nuevo en los próximos días con la llegada incesante de cayucos a las costas españolas.