Castilla y León se prepara para tener, dos años después, unos presupuestos generales de la Comunidad. La validación ayer en las Cortes del techo de gasto y la presentación hoy de las cuentas por parte del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, sirven para adentrar a los presupuestos en la recta final con el objetivo de que el 1 de enero de 2023 entren en vigor. El máximo dirigente regional, el vicepresidente, Juan García-Gallardo, y el consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, serán los encargados de presentar este jueves las cuentas con las que el Ejecutivo autonómico quiere gobernar el próximo año. Un PGC que será de récord, después de que el techo de gasto se disparará hasta los 12.470 millones de euros, y que se espera que ronde los 14.000 millones de euros, unos 2.500 más que los fallidos de 2022, impulsado por los Fondos Europeos, que crecen un 63%, y los recursos del modelo de financiación autonómica, que lo hacen un 20%.
Como era de esperar, el trámite parlamentario del techo de gasto fue precisamente eso, un trámite. Partido Popular y Vox utilizaron el rodillo de su mayoría absoluta para sacar adelante la aprobación del límite de gasto no financiero para el próximo año, que contó con las abstenciones de Ciudadanos y Por Ávila, y el voto negativo del resto de la oposición. «Este límite de gasto es realista con el escenario al que se enfrenta Castilla y León y va a permitir seguir recuperando actividad económica y de empleo, a pesar de las incertidumbres». Carlos Fernández Carriedo fue el hombre encargado de defender ante el hemiciclo la clave de bóveda de las cuentas del próximo año –las primeras del Gobierno de coalición PP-Vox–.
No ocultó el responsable económica de la Comunidad que Castilla y León se enfrenta a un escenario «complicado» con una previsión de «deterioro» de las expectativas del crecimiento económico, vinculado a la evolución de la inflación, con un incremento de los precios de la energía, de las materias primas y de los alimentos «sin precedentes en los últimos años».
Debate parlamentario
Ya en el debate parlamentario, el Partido Socialista puso en valor que los recursos de Castilla y León crecen gracias a los fondos del Estado. «Se pongan como se ponga, aumentan por los recursos que llegan del Estado, ocho de cada diez euros en los que crece el techo de gasto», resumió la socialista Rosa Rubio, que acusó a Fernández Carriedo de «manipular las cifras» por lo que no se cumplen, donde señaló que la previsión del PIB en 2022 era del 4,9 y ahora espera cerrar con el 3,3 y el próximo año se estima destrucción de empleo.
«No nos creemos sus números, sabemos y usted sabe que es mentira que suban los ingresos con la reducción de impuestos», continuó la socialista, que dudó de la «credibilidad» de las cuentas autonómicas, y estimó que el aumento de ingresos propios en 213 millones es un «trampantojo».
Una postura que la popular Leticia García rebatió cargando contra las cuentas del Estado. «Realismo macroeconómico inversamente proporcional al del Gobierno», añadió García, que recuperó la acusación lanzada este martes por Fernández Mañueco, y criticó que el Gobierno central «castiga» a Castilla y León con la rebaja de las inversiones en los PGE 2023. Así, criticó que el PSOE regional sea «cómplice» de unas cuentas «malas» del Gobierno con la Comunidad y terminó apuntando a la incoherencia socialista por atribuir el aumento del techo de gasto a los fondos del Gobierno, pero votar en contra.
En nombre de Vox, Francisco Javier Carrera, continuó con los ataques al PSOE, y aprovechó para censurar el «agravio» en la merma de las inversiones en los PGE porque este territorio es «leal y no amenaza con referéndum separatistas». «Gracias a la Agenda 2030 seremos felices, pero pobres de solemnidad», concluyó.
Por último, Cs y XAV defendieron su abstención 'crítica' con el techo de gasto, mientras que Podemos y UPL tacharon de «insuficientes» las cifras macro de la Junta.