Una médica será juzgada el próximo miércoles en la Audiencia Provincial por un presunto delito de descubrimiento o revelación de secretos por parte de un funcionario público, según se indica por la Fiscalía por consultar un historial clínico «sin causa justificativa alguna». Por ello el fiscal pide una pena de dos años y siete meses de prisión y la inhabilitación para el ejercicio de la profesión por nueve años y la acusación sube la petición a cuatro años de prisión y 12 de inhabilitación. Por su parte, la defensa pide la nulidad de actuaciones y además señala la disconformidad con el relato expuesto por lo que pide la absolución con todos los pronunciamientos favorables.

El relato de la Fiscalía señala que en tres ocasiones diferentes (enero julio y noviembre de 2020) la acusada se valió de su condición de médica de familia en un centro de salud de Sacyl para acceder a través del sistema telemático al historial clínico de una compañera médica del mismo centro que se encontraba en situación de incapacidad temporal. Dichos sucesos, señala, «se llevaron a cabo sin causa justificativa alguna» y sin que hubiera el conocimiento ni consentimiento por parte de la afectada, teniendo en cuenta que la acusada tampoco era la médica asistencial de la denunciante.

Es por ello que se considera que es autora de un delito de descubrimiento de secretos y se pide la pena de dos años y siete meses de prisión, 19 meses de multa con una cuota diaria de seis euros y la inhabilitación absoluta para el ejercicio de la profesión médica por el tiempo de nueve años.

En cuanto a la responsabilidad civil, se solicita que la acusada indemnice con 1.200 euros más los intereses legales.

Por su parte, la acusación particular hace otras consideraciones, entre ellas que entre acusada y denunciante no existía buena relación, «entre otras cosas debido a las discrepancias e inconveniencias derivados de la insistencia por parte de la acusada» para que la denunciante «se reincorporase al trabajo durante el periodo en el que permaneció de baja por incapacidad temporal laboral». Añade que «la víctima fue asediada por su compañera mediante llamadas y mensajes constantes» por lo que llegó a bloquear su contacto hasta el día de su reincorporación al trabajo.

En este contexto, dice el escrito de acusación que antes, durante y después de la baja laboral la acusada accedió en tres ocasiones al historial clínico. Cuando la denunciante conoció este acceso «sin consentimiento ni justificación alguna» interpuso una reclamación ante la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Ávila y se llevaron a cabo una serie de diligencias entre las que se determinó, según la acusación, que al transcurrir meses entre los accesos era imposible que le programa mantuviese la sesión iniciada. Al parecer, durante estas diligencias señala la acusación se pretendió justificar el acceso «con el pretexto de realizar la planificación del calendario de guardia médica», algo que se considera «ilógico» puesto que el primer acceso fue cuatro meses antes de la baja.

Por eso se considera que hay un delito de descubrimiento o revelación de secretos en su modalidad de acceso y se pide cuatro años de prisión y multa de 24 meses con una cuota diaria de diez euros, además de la inhabilitación durante 12 años. También se pide la prohibición de acercarse a 500 metros al domicilio, lugar de trabajo o lugar en el que esté la denunciante, así como la de comunicación en cinco años. Se completa la petición con  una indemnización de 50.000 euros.

Por parte de la defensa se indica que a pesar de que la acusada es médica funcionaria de Sacyl no se ha dado traslado al Sacyl de la acusación y por tanto no pude formular escrito de defensa adaptado a su posición procesal. Esto sucede, señala, aunque «no concurre responsabilidad penal por el delito que se imputa» y no corresponde, por tanto, «imponer responsabilidad civil subsidiaria» a esa entidad. 

Pero en todo caso, por el no traslado al Sacyl de la acusación se solicita la nulidad de actuaciones  y el dictado de un nuevo auto de apertura de juicio oral donde figure Sacyl como responsable civil subsidiario y pueda ejercer su defensa porque la omisión ha producido «una situación de efectiva indefensión» en la acusada, según argumenta.

En cuanto a los hechos en sí, muestra su «total disconformidad con el relato» expuesto y niega los hechos delictivos que se relatan porque indican que «no corresponden con la realidad ni son ciertos».

Insisten en que la acusada no es responsable criminalmente en ningún concepto del delito y se pide la absolución con todos los pronunciamientos favorables porque se considera que no hay delito y por tanto no se puede hablar de autoría.

Aún así dejan claro que la acusada ha ingresado 5.620 euros que podría «justificar, en su caso, la estimación de la atenuante por reparación del daño» e insisten en que no procede imponer a la demandada ningún indemnización.