La Escuela de Educación y Turismo de la Universidad de Salamanca en Ávila fue el lugar elegido este martes para debatir sobre el reto demográfico en una jornada organizada por el Consejo Económico y Social (CES) con grupo Tribuna. Precisamente el presidente del CES, Enrique Cabero, tildó el asunto como del «gran reto al que nos enfrentamos».
Para hablar de ello se dieron cita además de Cavero, otros tres representantes de las instituciones propias de la Comunidad, esto es el presidente Consejo Consultivo, Agustín Sánchez de Vega, el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, y el Procurador del Común, Tomás Quintana López.
Un encuentro a cuatro bandas que «no suele ser lo habitual» decía Sonsoles Sánchez Reyes representante del rector de la USAL en Ávila, pero que el tema lo merecía «por ser de tanta importancia» y por el que las cuatro instituciones luchan con vistas a revertirlo.
Desde el CES, Enrique Cabero, informaba de que están desde la institución inmersos en la elaboración de un informe sobre ese «gran reto» y es así porque «no es un reto más al que se deben enfrentar los poderes públicos y la sociedad en su conjunto sino que es ese gran reto porque es transversal y afecta a todos los ámbitos de la sociedad y a todos los sectores y poderes públicos».
Perspectiva de edad. En este sentido trabajan para elaborar el documento desde «una perspectiva de edad en las políticas públicas», basándose en «la sociedad de la longevidad» porque «estamos ante un contexto nuevo» que viene marcado precisamente por el hecho de que «nunca antes habíamos tenido una esperanza de vida tan amplia», toda una «suerte» apuntaba y precisamente como una oportunidad es como veía esa longevidad. Para redondear el informe aseguraba que esa sociedad longeva llega en este momento que se celebra el año europeo de la juventud. Se trata de mirar a uno y otro lado porque vivir en una sociedad longeva no es el problema, «el problema es que no haya personas jóvenes».
Enfocar el reto demográfico desde la edad es la idea porque «hay que invertir en juventud, es el gran objetivo, una necesidad y yo diría que una obligación». Invertir en jóvenes para que estos puedan desarrollar su proyecto vital en Castilla y León podría ser la conclusión pero hacíendolo teniendo en cuenta que «la sociedad longeva abre nuevas oportunidades a la actividad empresarial, al empleo y al desarrollo en general».
Acompañando estas palabras, hacía su presentación Mario Amilivia como presidente del Consejo de Cuentas, órgano que también ha hecho su aportación al reto demográfico. Recordaba que la función de esta institución es la de fiscalizar al sector público de la Comunidad y a las entidades locales de la región. Entre sus tareas está la de fiscalizar el rendimiento de gestión de resultados, esto es, «si una administración con los medios que dispone ha logrado los objetivos que pretendía». Es ahí donde enmarcaba el tema de la despoblación.Se refería a si las medidas adoptadas por las Cortes en el año 2005 y que se aprobaron unánimemente en materia de despoblación habían o no dado resultado del mismo modo que la llamada Agenda de la Despoblación y su incidencia en el municipalismo. La conclusión de la institución que preside Amilivia es que desde 2005 Castilla y León ha seguido perdiendo empleo con lo que entiende que esa agenda de la despoblación «no se puede considerar que ha sido un éxito». Dado que es éste «un problema de estado» entendía que en él debe implicarse Europa, España,Castilla y Léon, como Administración Regional, y las Administraciones Locales. Lo deben hacer ahora más que nunca porque en la región la pérdida de población es un hecho y la previsión a futuro no es halagüeña además habrá zonas que en 2033 se habrán dejado en el camino el 10% de sus vecinos, alertaba. Para Amilivia la conclusión es que si no hay actividad económica no se gana población, ya no se trata tanto de prestación de servicios esenciales«que es una condición necesaria y suficiente», pero sin movimiento económico no hay movimiento poblacional.
proyectos piloto económicos y específicos. Así pues hicieron un informe en su día «reclamando proyectos piloto económicos para distintas zonas del territorio» porque no es lo mismo planificar para Ávila, una de las zonas que más población pierde junto a Salamanca,Zamora y León.
Desde la Procuradoría del Común, Tomás Quintana, quien lleva cuatro años al frente, también incidió en el asunto de la despoblación desde el punto de vista que ellos lo tratan y que no es otro que la defensa de los derechos de los ciudadano en sus relaciones con las administraciones públicas. Lo hacen atendiendo a las propias quejas de los ciudadanos cuando sienten sus derechos afectados; o bien actuando de oficio.
De un tiempo a esta parte Quintana observa que la despoblación es uno de los problemas fundamentales de la Comunidad, especialmente en el medio rural «aunque no solo».
Promoción de actividad económica. La pérdida o las dificultades en la prestación de servicios públicos se ha puesto de manifiesto y es «un soporte importante de la calidad de vida y por tanto para el mantenimiento poblacional». Su acción, decía se ha dirigido a mejorar este aspecto, pero también promoviendo actividades que contribuyan a ganar población con sectores como las energías renovables, turismo rural o ganadería que capten jóvenes y ayuden a ese mantenimiento. Actividades económicas que son soporte para ello.
También desde el Consejo Consultivo, Agustín Sánchez de Vega, hizo su aportación ante una «cuestión fundamental como es el reto demográfico». Frente a la despoblación aseguró que el Consultivo lo que hace es «reconocer las implicaciones, consecuencias y circunstancias en que se produce este problema que encierra problemas de población, envejecimiento o disminución de la natalidad». Ante ello hay que reconocer que ésta es una «cuestión de Estado», un problema político de envergadura en el que todos deben poner su granito de arena.
Es por ello que ellos, "a iniciativa propia" también han evacuado un informe a finales de 2020 en el que sugirieron a la Junta de Castilla y León que «en todas las normas y proyectos normativos que tuviesen intención de aprobar, incluyeses un informe de impacto sobre el reto demográfico». Es decir el cómo beneficiaría esa norma al problema de despoblación. Reconocía que «cada vez es más frecuente encontrar más referencias».
Concepto jurídico de "ruralidad". Para el Consultivo es importante que desde la Junta se atienda a la ruralidad como concepto jurídico «posiblemente haya que llegar a ello» porque Castilla y León es compleja y con zonas muy distintas entre sí. No es lo mismo prestar servicios públicos en una zona de montaña que en una industrializada o de regadío...
Detectamos que hay reclamaciones de responsabilidad patrimonial que llegan al consultivo que se dictaminan y la conclusión es que «pueden producirse situaciones de desequilibrio y desigualdad dependiendo del territorio en lo que respecta al ejercicio de los derechos». Si se exige igualdad de derechos y estos dependen de la zona en la que se vive... Hay que estudiarlo a fondo.
Aplaudía que se ha aprobado el decreto de constitución del Consejo de Dinamización Demográfica pues «creemos que es un buen punto de partida» para tomar decisiones a futuro.