La exclusión financiera en el medio rural no es un tema menor, ya que intervienen varios factores que no son baladíes. En la era de las criptomonedas, donde el flujo de información (o desinformación) es inmediato y la mayoría de los ciudadanos tenemos uno, dos o varios dispositivos tecnológicos para conectarnos a asuntos que siempre hemos tratado con absoluta privacidad, como los historiales clínicos, los álbumes de fotos o las cuentas bancarias, la realidad del mundo rural presenta sus matices. Y no porque sus habitantes (cada vez menos) desconozcan el uso de la tecnología, sino porque existen dificultades de conexión y sombras en la cobertura, a pesar de los esfuerzos por digitalizar el país entero con la gran revolución que supuso la línea de fibra óptica.
Además, la población está envejecida, y no es un secreto que a mayor edad, más complicado resulta el uso de las tecnologías. La realidad es que las entidades financieras, como negocios que son, apuestan por cerrar oficinas en los pueblos ante su dudosa rentabilidad. Paradójicamente, sería más fácil cerrar en las ciudades, algo que también se lleva a cabo a pesar del rechazo social que esto genera. Al ciudadano solo le queda protestar y aguantar en esta globalidad financiera en la que estamos inmersos.
Ante este complejo escenario, el acuerdo logrado entre la Diputación Provincial y Caixabank para llevar oficinas móviles a todas las localidades (al menos una vez al mes) donde ya no había ninguna entidad es más que acertado. Cuesta dinero a la administración, sí, pero ¿acaso no pedimos inversión pública cuando el medio rural carece de servicios? Gracias a este acuerdo, Ávila se ha convertido en un ejemplo para otras provincias al no dejar ninguna localidad excluida del sistema financiero, convirtiéndose en la primera provincia con inclusión financiera plena.
¿Que el modelo no es idóneo? ¿Pero qué lo es ahora? Es un modelo a exportar, entre otras cosas porque es la manera en que las administraciones demuestran que priorizan las necesidades del ciudadano. No era fácil este reto en un territorio como Ávila, con 248 municipios, condicionantes orográficos importantes y población dispersa. El esfuerzo son 11.000 kilómetros mensuales de los autobuses por nuestras complicadas carreteras rurales. Y haciendo una analogía con aquel anuncio de una tarjeta de crédito, que los ciudadanos de los núcleos rurales sepan que un banco móvil se va a acercar a su localidad, no tiene precio. Todo lo que esto supone para el ciudadano es fundamental para no seguir acelerando el éxodo de los pueblos.