La polémica norma que ha servido al Gobierno de moneda de cambio con los independentistas para que Pedro Sánchez alcanzara la Moncloa llega hoy al Congreso con toda la oposición en contra, pero, previsiblemente, con los votos suficientes para ser aprobada por mayoría absoluta (al menos 176 parlamentarios) y así levantar el veto del Senado. Si no hay sorpresas, podría estar en el BOE mañana y entrar en vigor el sábado.

Sin embargo, una vez ratificada, afronta una incierta aplicación, sobre todo por las dudas procedentes de los estamentos europeos que prohíben la amnistía en casos de malversación, además del frente político y judicial que ha planteado el PP para que el perdón al procés no llegue a ejecutarse. 

El objetivo de la norma, que nació de los pactos que el PSOE selló con ERC y Junts a cambio del apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, es amnistiar a todos los implicados en movilizaciones soberanistas desde el 1 de noviembre de 2011 hasta el 13 de noviembre de 2023. Comprende tanto a los condenados por la consulta del 9 de noviembre de 2014 como los del referéndum ilegal de 2017, así como el archivo de las investigaciones abiertas por los disturbios contra la sentencia del Supremo.

La proposición de ley fue registrada en solitario por el Grupo Socialista el 13 de noviembre y, aunque se ha tramitado por el procedimiento de urgencia, no va a ver la luz hasta seis meses después.

Tras su primera fase de debate en la Comisión de Justicia, el texto fue elevado al Pleno el 30 de enero, pero el voto en contra de Junts impidió que se mandara al Senado. Los de Puigdemont forzaron su vuelta a la comisión ante la negativa del PSOE a aceptar sus enmiendas sobre los delitos de terrorismo y traición y tuvieron que buscar un nuevo pacto. El acuerdo final en el Congreso se alumbró en el Pleno del 14 de marzo y la ley se envió al Senado. El PP uso su mayoría absoluta en la Cámara Alta para retener allí la norma dos meses.

Tumbar 'el olvido'

Desde el principal partido de la oposición, la postura es clara: No a la ley de amnistía. Una norma que el Partido Popular ya ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional.

Aunque la amnistía será el eje central del discurso del presidente de la formación conservadora, Alberto Núñez Feijóo, fuentes de su equipo no descartan que pueda hacer mención también al llamado caso Koldo y a la investigación judicial por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias que afecta a Begoña Gómez, la esposa de Sánchez.

El PP, que organizó una movilización en la Puerta de Alcalá de Madrid con la amnistía como tema central, destaca la «gravedad» de esta ley pero admiten que la presunta corrupción que afecta al PSOE y al entorno familiar del presidente constituye un «elemento mayor de desgaste» del Gobierno. «La investigación de la mujer de Sánchez es histórico», aseguran fuentes del equipo del gallego.

Los populares avanzaron que actuarán por varias vías para intentar «tumbar» la amnistía, siguiendo los plazos y los tiempos que «más convengan», con el objetivo de lograr la «mayor efectividad» de las acciones del partido.