La Federación Abulense de Hostelería de CEOE Ávila, junto con las organizaciones hosteleras de España que conforman la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), ha manifestado su máxima preocupación a tan solo dos semanas de la entrada en vigor de la última prórroga del Real Decreto 933/2021 de 26 de octubre, en el que se exige solicitar datos a los subsectores del sector turístico, y reitera su oposición a dicha normativa por el caos que produciría su implementación debido a la imposibilidad de cumplimiento de la normativa.

Según recuerdan los hosteleros, este Real Decreto señalaba que habría un posterior desarrollo por orden ministerial de cuáles deberían ser los datos que se aporten por cada uno de los subsectores del turismo (alojamiento, coches de alquiler, agencias de viajes, plataformas de intermediación, campings, pisos turísticos…). Sin embargo, los hoteleros denuncian que, a fecha de hoy, este desarrollo legislativo no existe, por lo que se produce una confusión generalizada con respecto a qué información sería exigible y a la forma de remitirla.

El sector hotelero, que recuerda que siempre ha colaborado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se ha encontrado con la sorpresa de que tenía que facilitar datos no oficiales y que no aparecen en ninguno de los documentos que portan los viajeros (DNI y pasaporte) tales como forma de pago, números de tarjeta de crédito, teléfono móvil, domicilio real…

Tal y como la Federación Abulense de Hostelería ha advertido, «esto hace imposible remitirlos de forma automatizada, obligando a su registro y envío de forma manual, con el consiguiente aumento de errores y trabajo desproporcionado de quienes los deben remitir»

Ante esta situación, precisan que todas las asociaciones sectoriales se han puesto de acuerdo por primera vez en los problemas que va a ocasionar una legislación que califican de «muy deficiente y de imposible aplicación».

Preocupaciones del sector. Entre las principales preocupaciones que ha trasladado el sector hostelero al Gobierno, destacan la incompatibilidad de esta norma con las normativas comunitarias sobre protección de datos y privacidad. Asimismo, los hosteleros afirman que «carece de la concreción y claridad necesarias para evitar vacíos legales, lo que provoca inseguridad jurídica».

A esto se añade, siguen diciendo, «que deja a las empresas españolas en desventaja competitiva en el mercado europeo que no tienen normativas similares». Tampoco existe una adecuación tecnológica para cumplir con los requisitos del Real Decreto 933/2021, y añade a los empresarios una carga administrativa desproporcionada.

Ante la falta de respuesta a los problemas planteados por las patronales por parte de los funcionarios implicados, la Confederación se ha dirigido a los ministerios de Turismo e Interior, así como a la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, exigiendo la revisión y ajuste del Real Decreto para garantizar la proporcionalidad y minimización de datos, así como un largo periodo para la adecuación tecnológica y adaptación de los sistemas operativos de las empresas.

En caso de que no se produzca la modificación, los hoteleros advierten de «la imposibilidad de su cumplimiento y la pérdida de la fiabilidad de los datos de los que actualmente disponen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para prevenir los delitos y el terrorismo».