Un nuevo motivo de discordia, esta vez en materia fiscal, pone otra vez de manifiesto la frágil estructura política sobre la que se sustenta el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, que ayer no tuvo más remedio que volver a aplazar, por segunda vez esta semana, la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, en la que se iba a votar un principio de acuerdo sobre la reforma fiscal. La estrategia legislativa de Pedro Sánchez vuelve a encallar en una búsqueda de equilibrios imposibles, con el impuesto a las energéticas en el foco central de la tensión política. Mientras fuerzas como ERC, Bildu y Podemos insisten en que debe mantenerse de forma permanente, argumentando la necesidad de garantizar una contribución justa de las grandes empresas que han obtenido beneficios extraordinarios en tiempos de crisis, Junts y el PNV se oponen debido a las posibles consecuencias negativas para las inversiones.
Mientras los nacionalistas de la derecha catalana y vasca defienden que esa reforma fiscal se limite a incluir la transposición del impuesto mínimo global del 15% sobre los beneficios de las grandes empresas multinacionales que exige la Unión Europea, ERC, Bildu y Podemos abogan por un paquete más amplio de impuestos, incluyendo cargas adicionales a la banca. Si a esto se le suman las enmiendas contradictorias que han sido pactadas por el Gobierno en diferentes momentos con distintos partidos de forma bilateral, prometiendo a Sumar poner en marcha medidas que rompen los acuerdos alcanzados anteriormente con Junts y el PNV, la situación solo puede definirse como caótica.
Lo preocupante es que esta falta de coherencia demostrada por Sánchez no solo causa tensiones políticas y confusión que subrayan la dificultad del Gobierno para gestionar las prioridades de sus diversos socios, que ya se sabían divergentes entre sí. No, el verdadero problema es que la improvisación y el cortoplacismo del que ha hecho gala el Ejecutivo actual a la hora de negociar esta cuestión fiscal y otras de calado en el pasado afectan a la capacidad de legislar de manera eficiente, lo que ahonda en la percepción de ineficacia y desgobierno que tiene parte de la ciudadanía.
Fue Otto von Bismarck quien dijo que «la política es el arte de poner de acuerdo a personas que piensan diferente», pero el Gobierno actual está lejos de convertir esas diferencias en un motor para el país. Todo lo contrario: esa irreconciliable diversidad de intereses, a la que la dichosa «geometría variable» somete cualquier paso importante que debe dar el Congreso de los Diputados, parece estar obstaculizando el progreso de España o, como mínimo, pone en riesgo la estabilidad económica y genera incertidumbre entre los actores económicos.