La Audiencia Provincial juzga, en principio durante toda esta semana, a una ex agente colaboradora del Banesto en la localidad abulense de Pedro Bernardo como presunta autora de apropiación indebida, estafa y falsificación documental, en un caso complejo que se remonta al primer tramo de los años 2000 y en el que la cantidad sustraída que se ha detallado podría superar los 570.000 euros, aunque muchos de los supuestos afectados no reclaman porque el banco ya les reintegró el dinero.

En este marco, la acusada, de iniciales S.S.S., se enfrenta a peticiones de prisión que oscilan entre 4 años de la Fiscalía y los 8 años de alguna de las acusaciones particulares, que añaden delitos de estafa y/o falsificación documental, además de las correspondientes indemnizaciones por valor de 235.000 euros, mientras que la defensa solicita la absolución por entender que ni existe delito ni responsabilidades civil y penal. El Banco Santander (que en su día absorbió a Banesto) participa como acusación y responsable subsidiario.

La Fiscalía, en su escrito de acusación, defiende que esta agente colaboradora con cartera del Banesto en Pedro Bernardo realizó entre los años 2003 y 2011 reintegros de disposición de fondos de cuentas de clientes contabilizándolos como realizados, sin autorización de sus titulares y sin que ellos hubieran realizado las operaciones, haciendo suyas las cantidades dispuestas. Según su relato hay treinta afectados pero 26 de ellos no reclaman porque el banco les reintegró el dinero, con cantidades que oscilaban en 150 y 51.505 euros y que en total sumaban casi 342.000 euros. Para los otros cuatro clientes que ejercen la acusación particular la Fiscalía habla de casi 94.000 euros sustraídos, aunque ellos elevan las cantidades en sus acusaciones a 235.485 euros.

La Fiscalía sostiene que estos hechos son constitutivos de un delito continuado de aprobación indebida del que es responsable la acusada, para la que pide la pena de prisión de 4 años, además de la inhabilitación especial para el derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y 11 meses de multa con una cuota diaria de 8 euros, sujeta a responsabilidad penal subsidiaria en caso de impago, además de una responsabilidad civil conjunta y solidaria con la entidad bancaria Banesto (ahora Banco Santander) de los citados 93.550 euros para los cuatro clientes afectados. 

En cuanto a las acusaciones particulares, la de J.M.S.C. pide 4 años y medio por estafa, 2 años por apropiación indebida y 1 año y medio por falsificación en documento privado, además de la indemnización de los 68.468 euros que asegura le sustrajo la acusada entre disposiciones en efectivo, recibos, embargos de la Hacienda  Pública, transferencias no realizadas o seguros no contratados por él, además de la disposición y comisiones de un préstamo no contratado.

La acusación de J.S.S., que es la ex pareja sentimental de la acusada, asegura que se apropió sin su consentimiento de 46.900 euros, entre cantidades que el denunciante le entregaba para sus cuentas o los reintegros de fondos sin comunicárselo, por lo que pide 6 años de prisión por apropiación indebida y la restitución del dinero. 

La acusación de A.B.S., que ejerce los derechos de su padre ya fallecido, pide 5 años de prisión por estafa y un 1 año y medio por falsificación documental, cifrando la cantidad distraída con reintegros de disposición de fondos de cuentas sin autorización en 57.900 euros.

Por último, la acusación de J.M.B.G. manifiesta que era cotitular con su madre de una cuenta de la que no tenían cartilla y solo recibían información verbal de S.S.S., a la que acusa de apropiarse de 62.216 euros, de ahí que pidan 6 años por un delito continuado de apropiación indebida y 2 años por delito de falsificación. 

Tras desestimarse varias cuestiones previas de la defensa, entre las ellas la de la posible nulidad de las actuaciones por quebranto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal al haberse sobrepasado el plazo para la instrucción en algunas diligencias, y estimarse la petición para que la acusada declare en último lugar, el juicio oral arrancó este lunes con el primero de los testigos, el ex director de la oficina de Arenas de San Pedro que llegó al puesto «unos días después» de que estallase el caso y que presentó la denuncia.