Esta mañana se ha desarrollado en la Audiencia Provincial de Ávila la última de las tres sesiones del juicio por trata de mujeres y agresión sexual contra M.R.G y E.R.G, dos hermanos de Arenas de San Pedro. El primero de los dos procesados está acusado de cinco delitos (de trata de seres humanos, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra los derechos de los trabajadores, un delito continuado de contra la libertad sexual y contra la integridad moral), por lo que la Fiscalía le pide por ello una condena total de 20 años y 19 meses de multa, con una cuota diaria de diez euros. El otro hombre encausado, por su parte, se enfrenta a seis años de cárcel y 15 meses de multa (con una cuota diaria de diez euros) por los delitos de trata de seres humanos, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra los derechos de los trabajores y contra la libertad sexual.

Los hechos juzgados se remontan al año 2020, aunque el procedimiento podría haber comenzado, como mínimo dos años antes. Según el Ministerio Fiscal, M.R.G. habría estado desde entonces contactando a través de Facebook con mujeres sudamericanas en situación de vulnerabilidad económica para, tras ganarse su confianza, convencerlas para viajar a España con falsas promesas laborales para introducirlas en el ejercicio de la prostitución. Una de estas mujeres captadas fue quien denunció la situación y las agresiones sexuales y físicas que sufrió y que dieron pie a la celebración de este proceso judicial.

La presunta víctima, que en la actualidad tiene la condición de testigo protegido, aterrizó en el aeropuerto de Barajas desde Perú, su país de origen, el 9 de marzo de 2020 después de que, supuestamente, el principal acusado la indujera a venir a España para comenzar una nueva vida. Sin embargo, el destino que M.R.G. tenía preparado para la mujer era un club de alterne, donde fue llevada desde el aeropuerto. Ante la absoluta negativa de la fémina de dedicarse a ese negocio, fue llevada a Talavera de la Reina, donde se alojó en una pensión de la localidad toledana (pagada con 50 euros que le dejó el procesado para ello). Tras pasar una noche en este alojamiento, la víctima fue llevada a una tienda de segunda mano, propiedad del acusado, donde permaneció cinco días «sin agua ni luz y en condiciones deplorables», según declaró en su denuncia.

En esos días, la preocupante situación sanitaria que se vivía en España y el mundo entero por la Covid-19 obligó al Gobierno estatal a declarar el Estado de Alarma el 14 de marzo, con su posterior y largo confinamiento. En esas fue que el procesado decidió llevar a la mujer a la vivienda familiar de Arenas de San Pedro, conocida como 'la casa grande'. Allí permaneció durante cinco meses compartiendo espacio con los dos acusados, su madre y la mujer de M.R.G. Durante ese tiempo, ante las extraordinarias circunstancias sociales que se vivieron y ante la imposibilidad de que pudiera ejercer la prostitución, la mujer fue reubicada al desempeño de las labores del hogar familiar y del cuidado de la anciana madre de los dos procesados, ya fallecida. Una labor que la presunta víctima, al parecer, realizó «sin horario, sin sueldo ni contraprestación alguna, sin contrato de trabajo, sin darle de alta en la Seguridad Social y sin ningún tipo de derechos reconocidos» bajo la vigilancia del hermano procesado, además de exigirle una retribución por la manutención y el alojamiento.

Una situación que para la Fiscalía era de «dependencia absoluta con respecto al procesado». Esta se agravó con constantes agresiones físicas y amenazas con hacer daño a los hijos de la mujer, que residían en Perú. Además, M.R.G. le requirió en varias ocasiones para mantener relaciones sexuales. Un acto que sucedió, según la víctima, en dos oportunidades en la que el acusado le penetró por vía vaginal. Incluso otra vez, el otro procesado (E.R.G.) también trató de agredirla sexualmente, pero esta se defendió y se deshizo de él con un empujón.

Una vez que la situación sanitaria mejoró y las restricciones se suavizaron, los dos acusados retomaron la idea original que tenían con la presunta víctima para que ejerciera la prostitución. El principal de los imputados llegó a concertar una cita con dos clientes que, tras mantener relaciones sexuales con la mujer sudamericana (una de ellas, en el propio sótano de 'la casa grande'), abonaron el importe de los servicios a M. Sin embargo, la caída de las restricciones provocó que la fémina pudiera salir más a la calle y, en una de esas salidas, acudió a la sede de Cruz Roja en Arenas, donde le proporcionaron trabajo cuidando a una persona mayor del municipio. Los acusados aceptaron ese desempeño laboral de la mujer, ya que vieron la forma de saldar la deuda, que ascendía a los 3.000 euros, que mantenía con los enjuiciados. 

Toda esta situación terminó en agosto de 2020, cuando la víctima fue acogida por una vecina de Arenas tras mantener una fuerte discusión con los procesados. Meses después, la mujer decidió poner una denuncia contra M.R.G y E.R.G. por los delitos anteriormente detallados.

defensa. Los dos hombres procesados negaron ante el presidente de la Audiencia Provincial todas las acusaciones. El principal procesado se defendió asegurando que «nunca le pedí (a la víctima) que veniera a España, de hecho, no quería que viniera» y que el tiempo que pasó en la casa familiar fue «por caridad, no se iba a quedar en la calle», justificó M.R.G.. Ambos negaron que ofrecieran a la presunta víctima trabajar limpiando el hogar y cuidando a su difunta madre. «Ella estaba como uno más en la casa, comiendo y bebiendo, y no hacía nada. Siempre estaba con el móvil y con el ordenador», se defendieron. «Era una mala persona. No puede ser que la mentira acabe por triunfar», declaró M.R.G. en su último turno de palabra, visiblemente afectado.

En el mismo sentido, los dos abogados defensores afirmaron que observaron varias lagunas en la declaración de la presunta víctima y que esta ocultó ciertas informaciones. La defensa del principal acusado manifestó que la mujer vino hasta España huyendo de un proceso judicial abierto en Perú, que podía haberla llevado a la cárcel, que en el momento del viaje transoceánico estaba embarazada y que poseía estudios de medicina y derecho (la defensa alude que estos conocimientos le ayudaron para realizar la denuncia). Por estas razones, ambos letrados solicitaron una sentencia absolutoria para sus dos defendidos. 

Tras tres días de declaraciones de los agentes policiales, familiares, conocidos, forenses y procesados, el juicio ha quedado visto para sentencia.