E l cumplimiento del conjunto de las exigencias contempladas en las llamadas Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM) o en la Condicionalidad Reforzada -indispensables para cobrar las ayudas de la PAC-, el exceso de burocracia y de mecanismos de control en la actividad agraria y, hasta la fecha en menor medida, las exigencias sobre bienestar animal, han constituido en los últimos tiempos algunas de las principales preocupaciones en el sector primario y han sido motivo de las protestas del campo. Además, no hay que olvidar los problemas derivados de las importaciones agroalimentarias sin cumplir las mismas condiciones en materia de laboreo o cría animal que las exigidas a los agricultores y ganaderos comunitarios.

Desde esta perspectiva, Bruselas ha estado en el eje de las protestas del sector agrario, pero también en las demandas planteadas a la Comisión y al Consejo por el propio ministro de Agricultura, pidiendo más diálogo -cosa que aquí dosifica-, más simplificación, más flexibilidad o la reducción de cargas burocráticas. Planas ha reclamado insistentemente en Bruselas la necesidad más que nunca de escuchar las inquietudes del sector agrario y aprovechar esta situación para aplicar objetivos y políticas realistas que pudieran ser compartidas por gobiernos y agricultores y que apoyen el desarrollo en las mejores condiciones de la actividad agraria. Con este posicionamiento, y con las movilizaciones generalizadas, el ministro ha estado poniendo todo el eje de las demandas en Bruselas, mientras quedaban en un segundo plano los problemas y las muchas peticiones más cercanas, en unos casos ligadas a las nueva exigencias de la PAC, pero en otros viejas reivindicaciones que ya estaban sobre la mesa cuando Planas llegó a Atocha hace seis años.

Sobre el papel, Planas reitera la necesidad del diálogo en Bruselas. Pero, a la hora de las decisiones, se le achaca su tendencia de quedarse en tablas, también en Bruselas, de tener querencia por el burladero, de ponerse de lado, de haber cogido el gusto por la sequía, de no mojarse lo suficiente. Sobre todo en España cuando se trata de situaciones que pueden afectar a diferentes departamentos ministeriales: desde el problema del lobo con Transición Ecológica hasta el abandono de actuaciones hoy indispensables para sostener el mundo rural (transportes, servicios, sanidad, seguridad, educación, etc. ), pasando por asuntos de fiscalidad con los ministerios económicos.

Competencias de otros, pero que son cuestiones en las que Agricultura debería hacerse valer como su principal impulsor en el Gobierno al afectar fundamentalmente a los agricultores y ganaderos que viven en ese entorno, donde desarrollan -o abandonan- su actividad. Planas no es de los que vienen de frente como Miguel Arias, Loyola de Palacio o Pedro Solbes, por no ir más atrás y serpentear por las sombras y por la espalda, a lo Romero.

En esa línea se halla su posición para obviar el agujero de la representatividad en el campo de Unión de Uniones a nivel estatal, mientras un alto cargo del departamento viajó a Cataluña para reunirse con Unió de Pagesos, eje principal de la organización.

El Ministerio de Agricultura, además de la representatividad, tiene la obligación de ajustar muchas cuentas no comunitarias con el sector agrario dando respuesta a viejas cuestiones y a otras sobrevenidas. Todo ello con la mirada en el objetivo de lograr una actividad rentable que propicie el relevo generacional, con más apoyos para la incorporación de jóvenes y mujeres que posibiliten la sostenibilidad del territorio.

Faltan estudios.

No basta con tener una Ley de la Cadena pionera y ejemplo en la UE -dicen- para asegurar unos precios que cubran los costes y que serían el mejor soporte de rentas. Y no basta porque no hay publicados estudios sobre los costes de producción, además de la falta de los medios necesarios para la aplicación de la norma y la indefensión de un agricultor o ganadero que se niegue a vender su producto perecedero a los precios oferta de industrias o distribución. El mejor plan de choque para el sector agrario sería una adecuada aplicación de la Ley en función de unos adecuados estudios de costes medios.

Con la actividad rentable como objetivo no se puede dejar a un lado la innovación, el fomento de nuevas variedades que hagan frente a los cambios en el clima o acciones para ajustar las producciones a la demanda y a los gustos de los mercados. Una fiscalidad ajustada a la realidad, el Impuesto Especial de Hidrocarburos en el gasóleo agrícola o un IVA para los medios de producción por debajo del 21% constituyen, asimismo, viejas demandas.

Ajustar cuentas para el sector agrario también es una política de seguros en la que, además de aumentar los fondos para el pago de las primas, haya otras medidas encaminadas a que sea una política atractiva no solo por las subvenciones, sino también por el volumen y producto bajo una cobertura que se ofrezca con los niveles de las franquicias.

Ajustar cuentas en el sector agrario es aplicar en las fronteras de casa esa cláusula espejo de moda, que parece que es la gran aportación de Planas a la política agraria, para exigir simplemente las mismas condiciones a los productos importados que a los obtenidos en la propia UE, no solo en materia de empleo de productos y residuos fito y zoosanitarios o calidad, sino igualmente en seguridad , tamaños -en el caso de las carnes-, normas sobre bienestar animal o cumplimiento de unos requisitos sobre las condiciones de trabajo. No es un problema lejano comunitario, sino que se halla también en las fronteras españolas donde es indispensable su aplicación, al margen de que puedan entrar partidas que no respeten estas exigencias desde otros miembros comunitarios procedentes de terceros países debido a la mayor flexibilidad en otras partes de la UE.

El Ministerio de Agricultura lleva años cruzado de brazos en relación con la doble tarifa eléctrica para no pagar lo mismo en periodos de riego que en otros en los que no son necesarios, a pesar de los mandatos del Parlamento y diversas sentencias sobre el asunto. El poder de las eléctricas sigue dejándose ver en el Gobierno.

El sector mantiene vivas sus demandas para que, en materia laboral se tengan en cuenta las especiales condiciones de temporalidad que existen en una serie de tareas en el campo muy diferentes a cualquier otra actividad no sometida a las condiciones climáticas.

La ganadería sigue pendiente de una respuesta desde todas las Administraciones para prevenir y atajar los problemas relacionados con la sanidad animal en coordinación con la comunidades autónomas. El sector reclama, además, un ajuste para frenar la expansión de enfermedades ligadas a una fauna silvestre sin control por sus efectos, sobre todo, en las cabañas extensivas de ovino, caprino y vacuno, con quienes comparten pastos en el mismo territorio.

Y un paso más allá, se halla la vieja guerra sobre la situación de expansión del hermano lobo desde las zonas más tradiciones donde operaba a otras más del centro y sur de la península. Además de un mayor control, el sector reclama unas indemnizaciones ajustadas a sus efectos económicos sobre las explotaciones, sin contar el daño moral causado a los ganaderos por las carnicerías que provoca en tenadas y corrales, invitando al abandono por falta de seguridad.

Todo en unas pequeñas pancartas de niños por la calles de Madrid: «Quiero ser agricultor». «Dejadme ser agricultor y vivir en mi pueblo»