El próximo 1 de enero entrará en vigor en Ávila la Zona de Bajas Emisiones, cuya ordenanza fue aprobada en sede municipal a finales de mayo y que viene impuesta por ley para los municipios de más de 50.000 habitantes. Su implantación supondrá todo un reto para el Ayuntamiento de Ávila, que ha decidido aplicar esa normativa a la zona delimitada que comprende el recinto intramuros, la calle San Segundo y los entornos del Atrio de San Isidro, Mercado Grande, plaza de Italia y plaza de San Vicente.
Los titulares de los casi 26.000 vehículos que disponen del distintivo ambiental 0, ECO, C y B tendrán libre acceso a la zona de bajas emisiones ya delimitada. No así los que utilizan los casi 16.000 vehículos de diésel y gasolina que están registrados en la ciudad y que por su antigüedad no pueden acceder a esas etiquetas. No obstante, existen hasta una veintena de permisos en los que esos vehículos sí que podrán acceder, previa comunicación a la Policía Local. En definitiva, se antoja una implantación complicada donde este cuerpo tendrá un papel fundamental para hacer cumplir la normativa con rigor; aunque será el día a día, una vez que se ponga en marcha, el que demuestre hasta qué punto la ZBE va a lograr los objetivos que se persiguen con ella y si, al final, y eso es lo principal, la ciudadanía saldrá beneficiada de esta situación en el presente y mirando al futuro.
De momento, esta normativa ya tendrá que superar un escollo judicial, ya que un grupo de vecinos afectados por su implantación ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para que sea anulada. Y ya se cuentan con precedentes, en Madrid, donde el TSJ madrileño ha anulado la zona de bajas emisiones de la capital madrileña al considerar, entre otras cuestiones, que se da una "patente insuficiencia del informe de impacto económico de las medidas adoptadas en la Ordenanza municipal", sentencia que será recurrida por el Consistorio madrileño.
Una vez más, la legislación queda en manos de la Justicia, y queda por ver si en un tema tan sensible como éste de la movilidad, donde entran en conflicto tantos condicionantes ambientales y sociales, dónde se ponen los límites.
Es necesario crear unas ciudades que sean más habitables y accesibles, donde se controle en mayor medida la contaminación, pero hay que pensar también en los ciudadanos que viven y que trabajen en esos espacios donde se quieren extender estas zonas de bajas emisiones, y en el caso de Ávila, la zona donde se va a implantar es una zona de gran sensibilidad patrimonial y que, desgraciadamente, ha ido perdiendo vecinos con el paso de los años. Habría que preguntarse si esa Zona de Bajas Emisiones contribuirá a reactivar un casco histórico que necesita que sea vivido por los abulenses y no solo por los turistas. Ávila necesita ser una ciudad viva para sus vecinos y sus visitantes.