Los ministros de Empleo de la Unión Europea (UE) consiguieron este lunes un acuerdo sobre el proyecto de directiva de plataformas que pretende mejorar las condiciones laborales en empresas como Uber o Amazon.

En concreto, los titulares de los Veintisiete pactaron la posición que los Estados miembros defenderán en las negociaciones legislativas con la Eurocámara, colegislador de la UE junto a los países. De esas conversaciones entre los países y el Parlamento Europeo saldrá la ley definitiva más adelante.

Por lo tanto, el paso dado hoy permitirá a los países iniciar las conversaciones con la Eurocámara, que ya aprobó en febrero su posición para las negociaciones con los países.

España se abstuvo en la votación de los ministros, al considerar que el texto no era lo suficientemente ambicioso en la defensa de los derechos laborales de los empleados de plataformas, como anunció la propia vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante la sesión pública del consejo.

El Consejo de la UE, que reúne a los Estados miembros, señaló en un comunicado que el texto respaldado hoy por los ministros introduce "dos mejoras clave", ya que "ayuda a determinar el estatus laboral de las personas que trabajan en plataformas digitales y establece las primeras normas de la UE sobre el uso de la inteligencia artificial en el lugar de trabajo".

El texto respaldado por los ministros incluye siete criterios para determinar si los empleados de plataformas digitales son efectivamente trabajadores por cuenta ajena y no autónomos.

Si se cumplen al menos tres de esos criterios, los empleados serán considerados trabajadores por cuenta ajena.

Entre los siete criterios figura que las empresas fijen límites máximos en la cantidad de dinero que los trabajadores pueden recibir, restricciones en su capacidad de rechazar trabajo y normas que fijen su apariencia (por ejemplo, uniformes con logo de la empresa) o su conducta, según indicó el Consejo.

También figuran entre los criterios que la plataforma digital supervise el desempeño del trabajo por medios electrónicos, que la plataforma no dé libertad al empleado para organizar sus ausencias y horas de trabajo, así como para usar subcontratistas o sustitutos.

Igualmente, se incluye que la empresa restrinja la posibilidad de que el empleado construya una base de clientes o trabaje para otras compañías.

Si a partir de esos criterios se deduce que el trabajador es un empleado por cuenta ajena y la empresa no está de acuerdo, tendrá que ser la plataforma digital la que deba demostrar que no hay una relación laboral "de acuerdo con las leyes y prácticas nacionales" de cada país.

El Consejo subrayó que, en la actualidad, la mayoría de los 28 millones de empleados de plataformas en la UE, incluidos conductores de taxi o repartidores de comida, son considerados autónomos.

"Sin embargo, algunos de ellos tienen que cumplir muchas de las mismas reglas y restricciones que un trabajador por cuenta ajena. Esto indica que, de hecho, tienen una relación laboral y, por lo tanto, deben disfrutar de los derechos laborales y la protección social que se otorga a los empleados en virtud de la legislación nacional y de la UE", expuso la institución comunitaria.

Sería el caso del derecho al salario mínimo, a la negociación colectiva o a las vacaciones pagadas.

El Consejo aseguró que su objetivo es abordar los casos de error en la clasificación y "facilitar el camino" para que los trabajadores sean reclasificados como empleados por cuenta ajena.

El texto acordado hoy también incluye aspectos para aumentar la transparencia en el uso de los algoritmos.

"Las plataformas de trabajo digitales usan algoritmos de manera regular para la gestión de los recursos humanos. Como resultado, los trabajadores de plataformas a menudo se enfrentan a una falta de transparencia sobre cómo se toman las decisiones y cómo se usan los datos personales", expuso el Consejo.

Los países quieren que los trabajadores sean informados sobre el uso de sistemas automatizados de seguimiento y toma de decisiones y, según las futuras reglas, esos sistemas serían monitorizados por personal cualificado, "que gozará de especial protección contra el trato adverso", de acuerdo con el Consejo.

"La supervisión humana también está garantizada para ciertas decisiones importantes, como la suspensión de cuentas", agregó el organismo comunitario.