María del Carmen Iglesias, portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Ávila, ha insistido en que la subasta del antiguo Colegio de Huérfanos es un «concurso direccionado» que sitúa a la UCAV como única potencial compradora y que el precio por el que se le va a adjudicar está muy por debajo de lo razonable. Estas declaraciones llegan después del Pleno de la Diputación de Ávila celebrado este pasado lunes, en el que se aprobó el expediente de licitación para subastar este edificio así como sus aledaños, pertenecientes a la institución provincial.

En un comunicado de prensa, María del Carmen Iglesias asegura que «no hay un hecho apremiante de interés público que justifique hoy la enajenación que va a llevar a cabo el equipo de gobierno del PP de un patrimonio que es de todos los abulenses, salvo el de avalar la viabilidad y seguridad jurídica de un negocio privado y confesional».

«¿Qué universidad va a concursar para quedarse con un edificio en el que va a tener de inquilina a otra universidad de la competencia durante 23 años?», se pregunta Iglesias, para quien es obvio que se trata de una licitación direccionada que sitúa a la UCAV como única potencial compradora y que el precio de salida, 15,7 millones de euros, está muy por debajo de lo razonable, pues recuerda que «el valor catastral en 2014, ni siquiera el de mercado, que siempre es superior, era ya de 16,4 millones». 

Los socialistas advierten que la venta de esta finca no solo va a privar a los abulenses de la propiedad de un edificio de 15.000 metros cuadrados, sino también de la de algo más de 100.000 metros cuadrados de espacios verdes y de esparcimiento de los vecinos del norte de la capital abulense, otros 5.800 de jardines y una superficie similar para aparcamiento de vehículos. 

Por todas estas razones, los socialistas votaron el lunes en el Pleno de la Diputación en contra del expediente de licitación y del pliego de condiciones de la enajenación forzosa del antiguo Colegio de Huérfanos.

El PSOE advierte que también estará vigilante para que se actualicen las cuentas, saldos y gravámenes afectos a la finca, antes de que la provincia pierda la propiedad de la misma.