El juicio programado en la Audiencia Provincial por tráfico de drogas terminó con un acuerdo que llevó a dictar una sentencia de dos años de prisión para el acusado y una multa de 2.423 euros en doce mensualidades, aunque la defensa solicitó la suspensión de la pena de privación de libertad si el procesado se compromete a no delinquir en el plazo de dos años y a someterse en ese periodo a proceso de desintoxicación.

Los hechos que derivaron al juicio, según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, sucedieron en agosto de 2023 cuando miembros de la Guardia Civil sorprendieron al acusado en el punto kilométrico 44 de la carretera AV-905, mientras iba montado en un vehículo como copiloto y portaba en el interior de su pantalón, oculto en la zona genital, un paquete de 30,01 gramos de cocaína con una pureza del 28,9 por ciento, que pretendía destinar, señala el escrito, al tráfico ilícito y por el que podía haber obtenido un beneficio económico de 2.423 euros.

Para el fiscal, en su acusación contra E.M.L., estos hechos constituían un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud. Por ello pedía una pena de cuatro años de prisión y una multa de 4.000 euros a pagar en doce mensualidades, con responsabilidad personal subsidiaria para el caso de impago de dos meses de privación de libertad, así como privación del derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. También se pedía que abonase las costas procesales.

En un primer momento, la defensa del acusado negó los hechos relatados por el Ministerio Fiscal y, conforme a ello, consideraba que el acusado no debía ser condenado como autor de ningún delito y no procedía ni imposición de pena ni aplicación de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Finalmente se llegó a una conformidad entre las partes y, por acreditar la adicción a las drogas por parte del acusado, se llegó a esa rebaja de la petición y al acuerdo de dos años de prisión y la correspondiente multa. A ello se unió esa petición de la defensa para solicitar la suspensión de la pena de privación de libertad.