Fue un aldabonazo. Un clamor en línea con la tradición democrática de protesta pacífica ante una situación sentida como injusta. Más de cincuenta mil ciudadanos clamando en Barcelona contra la concesión de amnistía a los procesados por el golpe del "procés" y los hechos relacionados con el referéndum ilegal del 1 de octubre del 2017.

¿Qué más se puede hacer para invitar a Pedro Sánchez a dar marcha atrás? Amén de repetir este tipo de protestas, poco más. En otro país -o en otros momentos del nuestro- cabría esperar a que los tribunales hablaran. Pero en la España de nuestros días dicha esperanza se transforma en melancolía. Basta con recordar los sucesivos retorcimientos de las leyes que ha venido impulsando Pedro Sánchez desde que gobierna para debilitar la acción de la Justicia. Desde el cambio introducido en el procedimiento para impedir que el CGPJ pueda nombrar nuevos jueces con los que cubrir las bajas por la jubilación de magistrados, al ninguneo -por no hablar abiertamente de desprecio- al Tribunal Supremo al indultar a los sediciosos catalanes condenados por el golpe del "procés" modificando el Código Penal para suprimir el delito de sedición y rebajar las penas por malversación.

La concesión de una amnistía a quienes se saltaron la legalidad situándose al margen del derecho y de la democracia en un intento de quebrar la unidad de España y la soberanía nacional -de llevarse a término- generará un momento de máxima tensión política. Será un escándalo. Este asunto nos instala en un escenario de máxima polarización política. Que pueda acontecer en razón de la ambición personal de un solo ciudadano -Pedro Sánchez- que para su investidura necesita los votos de los siete diputados de Junts, el partido xenófobo y supremacista que maneja desde Waterloo el prófugo Carles Puigdemont, añade un grado de estupor. Estas cosas no pasan en países de democracia avanzada. Puede llegar a ser legal en el nuestro porque Sánchez contará con el respaldo de sus socios parlamentarios, entre ellos, los beneficiados por la amnistía, pero dígase lo que se diga, no es decente.

Pedro Sánchez, como cabeza de lista del PSOE, no se presentó a las elecciones del 23 J llevando la cuestión de la amnistía en su programa. De haberse atrevido, es probable que muchos de los que le votaron no lo habrían hecho. Él mismo declaró días antes de los comicios que la amnistía no tenía cabida en la Constitución. Ya digo, será legal, pero no es decente.