La reunión de la Comisión General de Comunidades Autónomas se celebró en el Senado bajo un título muy largo que se resumía en que se iba a celebrar un debate sobre la decisión del secretario general del PSOE de conceder la amnistía a los implicados en el proceso soberanista con la única finalidad de permanecer en el poder.
La convocatoria se enmarca en la ofensiva que en todos los frentes, de los institucionales a la calle, ha lanzado el PP contra las negociaciones del PSOE, que también ha cerrado filas y evitó la participación de los tres presidentes autonómicos socialistas. El PP ha comenzado a hacer oposición al presunto futuro gobierno con los mimbres de que dispone, la mayoría absoluta en el Senado y sus doce más dos presidentes autonómicos.
Pero también ha sido utilizada por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, para que no quede ningún género de dudas sobres sus pretensiones, la denuncia del anticatalanismo para conseguir votos y la amnistía como punto de partida para la celebración de un referéndum de independencia acordado con el Gobierno. Nada nuevo bajo el sol desde hace tres meses y ninguna pista sobre la posibilidad de acuerdo en su discurso para consumo interno y de reivindicación de su figura y su partido en una negociación en la que Junts lleva la voz cantante. Su falta de respeto a la institución que le permitió expresarse con total libertad fue flagrante.
El resto de las intervenciones de los presidentes autonómicos populares tuvieron un mínimo común denominador, felicitarse por la presencia del presidente catalán -que utilizó la maniobra del PP en favor de sus intereses-, señalar su falta de respeto al resto de colegas porque no se quedó a escuchar unas intervenciones que no le iban a gustar, que la amnistía es inconstitucional y un cambio de régimen "por la puerta de atrás", que se pone en almoneda la separación de poderes, y los ataques al gobierno y a los presidentes autonómicos socialistas que no comparecieron a la cita.
Con mayor o menor intensidad en sus exposiciones, todos ellos coincidieron en que la concesión de la amnistía supone un retroceso en la calidad democrática y en la credibilidad de las instituciones y por supuesto en la igualdad entre los españoles, que no es perdonarles, sino pedirlos perdón y negar que España es un Estado democrático y de derecho en el que se persiguen las ideas políticas, como expuso el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno. Coincidencia igualmente a la hora de reivindicar una reforma de la financiación autonómica de carácter general y no de forma bilateral con Cataluña porque todas ellas tienen déficits fiscales que enjugar, y que cualquier condonación de deuda debe ser proporcional y no un premio a la mala gestión. Por supuesto, no dejaron de señalar que la concesión de la amnistía responde única y exclusivamente al interés personal de Pedro Sánchez de permanecer en la presidencia del Gobierno.
El PP ha gastado una de las balas institucionales de las que disponía, pero la cacofonía en los mensajes lanzados por sus presidentes autonómicos le resta eficacia, hace evidente que se trataba de una maniobra política bienintencionada y que, ante la posibilidad de que haya que ir a una repetición electoral, el partido tiene bien ensayado el discurso antiamnistía que coparía el debate electoral.