En el contexto de la Unión Europea hay cuestiones que no se plantean como la mera problemática de un único país. Cuando se habla de agricultura todos miran ya de reojo a Bruselas, conscientes de que es allí, y no en los distintos parlamentos estatales, donde se cuecen las medidas que tienen que servir para ayudar o no al sector. Con la inmigración ilegal tiene que empezar a pasar lo mismo. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, puso ayer el dedo en la llaga llamando a la acción a Europa para abordar la creciente crisis de la inmigración ilegal, alertando de situaciones «límite» a las que se enfrentan regiones como Canarias.

La llegada masiva de personas en situación irregular no es un problema que atañe únicamente al territorio donde desembarcan las pateras. El Gobierno de España sería más que imprudente si se desentendiera de este problema, por lo que hoy en día nadie duda de la solidaridad entre las distintas comunidades autónomas para atender a las personas que, arriesgando la vida, tratan de alcanzar las costas de Europa para buscar un futuro mejor.

Esa solidaridad no puede limitarse solo a las fronteras de los países receptores de inmigración ilegal. No puede ser algo que solo ataña a España o Italia, como los grandes referentes con costa y prosperidad, sino que en Europa se debe comenzar a abordar el problema como lo que es, una cuestión común en una unión sin fronteras. 

La situación de los menores no acompañados se erige, además como un símbolo de una crisis más profunda. La punta de un iceberg en el que, lógicamente, los menores de edad son doblemente víctimas a los que ningún país puede dejar desatendidos. La dispersión de menores migrantes y el debate sobre su acogida en diversas autonomías españolas ha generado tensiones que requieren una estrategia unificada y efectiva.

En opinión del líder de la oposición, el Gobierno de España llega tarde para arreglar el asunto pero, más allá de la crítica, es imperativo que se formulen propuestas claras y se articulen acciones concretas.

Feijóo aboga por que España adopte medidas alineadas con las políticas de otros países europeos que han mostrado «resultados exitosos». La preocupación por el «efecto llamada» es una advertencia que no debe ser tomada a la ligera. Sin embargo, es fundamental que cualquier medida respete los derechos humanos y cumpla con los compromisos internacionales asumidos por España.

La apelación a una solución europea es acertada. Las fronteras españolas son también fronteras europeas, y la inmigración irregular es un desafío que trasciende las capacidades individuales de los estados miembro.