En la Audiencia Provincial de Ávila se ha celebrado esta mañana un juicio por un delito contra la salud pública contra dos personas, de iniciales Y.R.P.C. y E.E.M., que se ha saldado con una pena de cinco años de cárcel y accesoria inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y una multa de 500.000 euros con responsabilibidad personal subsidiario de un año de privación de la libertad en caso de impago, para cada uno de los dos hombres, por tráfico de drogas. Ambos llevan en prisión provisional desde el 16 de mayo de 2023, cuando fueron detenidos en un control rutinario de la Guardia Civil en la autovía AP-6 a la altura de Sanchidrián con casi 12 kilos de cocaína, con un valor de casi 500.000 euros (469.363,50 euros). La razón de su encarcelación se podría deber a existir riesgo de fuga de los acusados o por la cantidad de droga hallada.

Los términos de la condena se han alcanzado después de que la acusación y la defensa hayan llegado a un acuerdo, ya que la Fiscalía solicitaba una pena de ocho años de prisión y accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante la condena, además de una multa de 950.000 euros con responsabilidad personal subsidiaria de tres años de privación de la libertad de tres años en caso de impago. Sin embargo, el abogado defensor ha esgrimido el atenuante de drogadicción de los acusados, mayores de edad y sin antecedentes penales. Existe la posibilidad de suspensión de la pena de cárcel de los reos al ser una pena no superior a cinco años, pero aún no se ha presentado la solicitud (se ha dejado para debatir en la ejecución de sentencia una vez esta sea notificada).

Los hechos ocurrieron en mayo del año pasado, cuando los dos individuos resultaron detenidos por la Guardia Civil. Los dos viajaban en un coche Volkswagen Golf en el que transportaban doce paquetes de una sustancia que, tras el análisis, resultó ser cocaína con un peso neto de 11.946,66 gramos. Una mercancía cuya finalidad era entregarlo a una tercera persona, de identidad desconocida, quien lo distribuiría a los probables clientes. Una situación que constituye un delito contra la salud pública de sustancia que causa grave daño a la salud.