Seis abulenses se encuentran entre los 210 castellanos y leoneses que recibirán una ayuda del programa 'Pasaporte de vuelta' con el que la Junta de Castilla y León busca facilitar el retorno a la región de aquellos ciudadanos originarios de la Comunidad y que viven en otras comunidades autónomas o en el extranjero y para el que ha destinado en esta convocatoria 741.100 euros.

A la vista de los datos que maneja la Junta, se observa que 60 de los beneficiarios son personas menores de 35 años que han regresado al medio rural, 41 de las cuales son mujeres.

Por provincias, 50 de los beneficiarios han retornado a Valladolid; 36, a León; otros 36, a Zamora; 32, a Salamanca; 18, a Palencia; 15, a Segovia; doce, a Burgos; los seis ya mencionados de Ávila; y cinco, a Soria.

En cuanto a los lugares de procedencia, de los 210 beneficiarios, 52 han regresado desde otros países, y 158 lo han hecho desde otras comunidades autónomas.

Entre los 52 beneficiarios que han vuelto desde el extranjero, encontramos 28 retornados desde otros países europeos (en especial Reino Unido, con nueve, e Irlanda, con ocho); 19 desde América (en especial de Cuba, con ocho); tres desde Oceanía; y dos, desde Asia.

Por otro lado, entre aquellos 158 ciudadanos castellanos y leoneses que retornan desde otras comunidades autónomas, una buena parte lo han hecho desde la Comunidad de Madrid (68), seguida por Cataluña (20) y País Vasco (13), y el resto, desde otros territorios.

Lo cierto es que éste es el primer año en que la Junta unifica las dos convocatorias anteriores –retorno desde el extranjero y retorno desde otras comunidades autónomas– en una sola. La intención que perseguía la Consejería de la Presidencia era facilitar la presentación de solicitudes y su evaluación administrativa, así como aprovechar de mejor manera el presupuesto destinado a estas ayudas.

El importe de las ayudas individuales oscila entre un mínimo de 2.500 euros y 5.500 euros como máximo, en función de varios parámetros: la convocatoria favorece que el lugar del retorno se encuentre dentro del medio rural, que el beneficiario sea menor de 35 años, o que tenga hijos o personas a su cargo. El objetivo es, en palabras del consejero de la Presidencia, «contribuir a dinamizar las zonas más despobladas de Castilla y León, favoreciendo la aparición de nueva actividad económica y el establecimiento de nuevas familias jóvenes, con las consecuencias positivas que ello tiene para el rejuvenecimiento del medio rural, así como para el incremento de la población y de la natalidad en las zonas que más lo necesitan».