Castilla y León cerró el primer trimestre de 2024 con una deuda de 13.833 millones de euros, de acuerdo con los datos del Banco de España publicados hoy, que supone un aumento del 4,2 por ciento, 561 millones más, respecto al dato del mismo periodo de 2023. 

La cifra de deuda equivale al 19,6 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), con un descenso interanual de medio punto porcentual (20,1 por ciento en 2023) y de cuatro puntos desde 2020. Esta ratio se mantiene por debajo de la media autonómica (22,2 por ciento), siendo inferior en 2,6 puntos porcentuales. La Comunidad ocupa el noveno puesto en el ranking autonómico junto a Cantabria, con menor porcentaje de deuda sobre PIB. 

La aportación de Castilla y León al endeudamiento global de las autonomías españolas es "reducida", según destacaron fuentes de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta, de acuerdo con los datos facilitados esta mañana por el organismo regulador. En concreto, al finalizar el primer trimestre de 2024 suponía el 4,21 por ciento del total de las comunidades, contabilizado en 328.932 millones de euros.

En el cálculo del volumen de deuda autonómica el supervisor bancario incluye los créditos reintegrables que la Administración de la Comunidad concede a las empresas, cuantificados en 225,7 millones de euros, así como el llamado 'factoring sin recurso' –créditos comerciales con la Administración cedidos a entidades financieras–, que añade 9,4 millones de euros y también el endeudamiento asociado a proyectos de colaboración público-privada por 246,1 millones de euros.

El análisis de la estructura de la cartera de endeudamiento de Castilla y León en términos SEC 2010 (Sistema Europeo de Cuentas), atendiendo a quiénes son los prestamistas, revela que, a 31 de marzo de 2024, el mayor importe corresponde a las emisiones de deuda pública que representan el 26 por ciento, con 3.600 millones de euros. En segundo lugar, se encuentra el Fondo de Facilidad Financiera con 1.774,2 millones de euros, –en concreto, el 12,8 por ciento- correspondiente a préstamos concertados en los años 2015 y 2020.

Como prestamistas relevantes figuran también las entidades financieras multilaterales, como son el Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, con 1.364,7 millones de euros, aproximadamente un diez por ciento de la deuda de la Comunidad.

Por otro lado, el 96,6 por ciento del endeudamiento castellano y leonés correspondía a la Administración General, frente al 3,4 por ciento de universidades, organismos autónomos, entes públicos de derecho privado y empresas públicas, entre otros.

Respecto a los plazos de vencimiento, el 99,4 por ciento de la deuda viva de la Comunidad está formalizada a largo plazo frente al 0,6 por ciento firmada a corto, lo que minimiza los riesgos de refinanciación. Asimismo, el 74 por ciento está concertado a tipo de interés fijo y el 26 por ciento a variable, un reparto que permite mitigar el efecto de subidas del Euribor, y está en su totalidad suscrita en euros.

Este "moderado" nivel de endeudamiento es uno de los aspectos que la agencia Moody's ha valorado favorablemente en su decisión del pasado mes de marzo de mejorar el perfil financiero de la Comunidad elevando el rating Baa1 a perspectiva positiva, ratificando de este modo la misma calificación que el Reino de España.

Finalmente, cabe señalar que el Banco de España, además, contabiliza en 4.118 millones de euros la deuda de aquellas empresas públicas autonómicas que no están incluidas en el perímetro SEC 2010, sin que Castilla y León tenga asignada ninguna cuantía adicional. De este modo, teniendo en cuenta los datos de todo el sector público autonómico, la ratio media de endeudamiento con respecto a PIB se elevaría al acabar el primer trimestre de 2024 al 22,5 por ciento, frente al 19,6 por ciento de Castilla y León.