La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Ávila se suma al comunicado hecho público por este sindicato a nivel nacional en el que manifiesta su preocupación ante el contenido de los diferentes acuerdos de investidura y asegura que siempre defenderá el ordenamiento jurídico vigente y la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley.

CSIF Ávila subraya que «los empleados públicos trabajan siempre para garantizar la equidad en el acceso a los servicios públicos y que las administraciones son garantes de los principios que sustentan nuestro modelo de Estado social, democrático y de derecho».

En este sentido, muestra su «firme rechazo» a «cualquier medida que comporte una intromisión política en la independencia judicial y cualquier consideración que ponga en duda dicha independencia; la ruptura de los principios básicos constitucionales de la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley y la solidaridad entre territorios; las cesiones de impuestos a determinados territorios, que detraigan recursos para el Estado y provoquen diferencias en la calidad de la prestación de los servicios públicos; las modificaciones 'a la carta' del Estatuto de los Trabajadores; la pérdida de competencias exclusivas del Gobierno en materia de empleo público; la cesión de la gestión económica de la Seguridad Social, la ruptura de la caja única y de los acuerdos del Pacto de Toledo, y el privilegio explícito de determinados territorios como interlocutores directos ante la Unión Europea, así como a la cesión de la competencia exclusiva del Estado sobre la homologación de títulos universitarios, rompiendo el sistema único universitario que afectará a la igualdad de acceso al empleo público y el ejercicio de profesiones con habilitación específica, y a la fragmentación de la formación sanitaria especializada, que quebrará la homogeneidad del Sistema Nacional de Salud».

La máxima garantía de un Estado de derecho se sustenta, según apunta este sindicato, «en la separación de poderes y el sometimiento de todos los ciudadanos al imperio de la Ley sin distinción alguna, lo que impide el abuso de poder y garantiza la igualdad de todos los ciudadanos ante el ordenamiento jurídico. Toda actuación encaminada a su debilitamiento supondrá la quiebra del Estado de derecho».

Por ello, CSIF rechaza «la 'tutela política' que se pretende dar a uno de los poderes del Estado, así como la quiebra del principio constitucional básico de igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley».

CSIF Ávila denuncia que la ejecución del contenido de los distintos acuerdos de Gobierno generará mayor desigualdad entre la ciudadanía, pudiendo así socavar nuestro marco constitucional que obliga al Estado a garantizar el principio de solidaridad, velando por un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos.

Anuncia que adoptará medidas para evitar «que el Estado renuncie a competencias exclusivas en materia de legislación laboral, régimen jurídico de las administraciones públicas y del régimen estatutario de los empleados públicos, titulaciones universitarias, así como en materia de Seguridad Social», y exige que los servicios públicos ofrezcan un servicio de calidad en todos los territorios».