Tres de cada cuatro beneficiarios de las ayudas al alquiler de viviendas de Castilla y León son ciudadanos españoles y el resto extranjeros con permiso de residencia «legal», que aportan «población, trabajo y actividad» a la Comunidad. La resolución de la convocatoria correspondiente a 2023 atendió a 13.946 personas con nacionalidad española, el 75,56 por ciento, mientras 4.510 eran foráneos, el 24,44 por ciento, que tienen «los mismos derechos», según detalló el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones. Tras emitir este lunes y martes las órdenes de pago desde la Tesorería de la Junta, el titular autonómico de Vivienda explicó que esta distribución entre ciudadanos españoles y extranjeros se ha mantenido estable en los últimos y avanzó que su departamento estudia mejoras técnicas en la gestión que se incorporarán en las nuevas bases que verán la luz después del verano, para la convocatoria que se publicará a finales de 2024 y que se resolverá en 2025.
Suárez-Quiñones aseguró que se revisará el procedimiento de renovación, aplicado este año y que ha agilizado el procedimiento de resolución, porque reconoció es «difícil» mantener este sistema en el futuro porque el beneficiario tiene que demostrar que cumple las condiciones exigidas en las ayudas en cada convocatoria, ya que señaló tienen que gestionar el dinero público con «exactitud» y «mucha pulcritud». De esta forma reconoció que están evaluando la «complejidad» de este modelo que en la convocatoria de 2023 generó 10.117 expedientes de renovación, frente a los 8.339 de nueva tramitación.
Por ello, pretenden analizar si esta opción, introducida como novedad en la última convocatoria, ofrece la eficiencia suficiente para mantenerse en la siguiente, en la que además se pretende potenciar la solicitud telemática para simplificar la gestión administrativa, junto a otras mejoras, como la posibilidad de introducir criterios de progresividad, con el objetivo de que quien más lo necesite, reciba también más fondos.
Estudio de mercado
Otra de las cuestiones que tendrá en cuenta Vivienda en la nueva convocatoria será el límite de la renta que abona el solicitante, fijada en 550 euros para los núcleos urbanos y 450 para los rurales –800 para familias numerosas y entre 150 y 200 para habitaciones–, dado que 1.041 peticiones se desestimaron por esta causa y la tendencia al alza de los precios. Suárez-Quiñones explicó que hacen un estudio de mercado sobre lo sucedido en 2024, pero indicó que las ayudas de la Comunidad no son generales para todos los arrendatarios, sino que tienen un objetivo social, para llegar a las personas con más necesidades, ya que señaló esta línea tiene un «techo» y no puede escalar en cuanto a su presupuesto de forma «infinita».
En lo que toca al presupuesto, el consejero explicó que cada año su departamento consigna en la convocatoria los fondos recogidos en el Plan Estatal de Vivienda, con aportación de las arcas del Estado y de la Comunidad, pero que en previsión de que no será suficiente, se contempla una ampliación para cumplir con el objetivo de atender todas las solicitudes. En la anterior, al final fueron 40,66 millones de euros, de los que 25,57 millones corresponde a la Junta y 15,08 millones al Gobierno, según informa la Agencia Ical.
El 30% son jóvenes menores de 36 años
El consejero de Medio Ambiente hizo una explicación pormenorizada de estas ayudas, ya que precisó la resolución coincidió con la campaña electoral de las europeas del domingo 9 de junio que señaló impide difundir logros de la administración. Por ello, Juan Carlos Suárez-Quiñones explicó que en la convocatoria de 2023 se presentaron 27.287 solicitudes, un 10,37% más que el año 2022, cuando se registraron 24.721 solicitudes.
De ellas, 18.456 cumplieron los requisitos, el 67,64% del total y un 29,27% más, y 7.057 fueron desestimadas por no ajustarse a las condiciones, la mayoría por tener ingresos inferiores a los exigidos (1.562), no aportar la documentación requerida (1.478), no estar empadronado en la vivienda (1.320) o superar la renta máxima (1.041). Igualmente, un total de 10.999 beneficiarios son mujeres (59,6%) y 7.457, hombres (40,4%). Además, 5.594 son jóvenes menores de 36 años (30,31%) –3.550 mujeres y 2.044 varones–, con un importe de 13,9 millones (34,19% del total). Además, 1.740 beneficiarios son mayores de 65 años (9,43%), –1.092 son mujeres y 648 varones–, con un total de 3,51 millones, 8,64% del total.