La apuesta por el medio rural exige dotarle de servicios, y dentro de esa cartera de servicios esenciales entre los que deben de incluirse educación y sanidad de forma prioritaria, no se deben olvidar los servicios financieros.

Hace algo más de un año, la patronal bancaria, en una reunión con la vicepresidenta primera del Gobierno, acordaron una hoja de ruta con el objetivo de que las entidades de crédito pudiesen asegurar el acceso a un servicio financiero presencial para el 100% del territorio, con especial atención a la inclusión financiera rural y con el objetivo de favorecer la lucha contra la despoblación y contribuir a una adecuada vertebración territorial.

Provincias como Ávila, con un amplio número de localidades de pequeñas dimensiones en los que mantener abierta una oficina bancaria no es posible por cuestiones lógicas de eficiencia pero que no deben quedar olvidadas, deberían verse beneficiadas de las medidas que contribuyan a garantizar ese acuerdo, y de hecho la exclusión financiera se ha visto reducida en los últimos años, pero aún la padecen el 4% de los abulenses.

En estos momentos, según el último informe sobre Inclusión Financiera en España del IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas), la red de servicios bancarios llega a 155 municipios, el 63% del total y en los que vive el 96% de la población. Sin duda la gran apuesta por la inclusión rural son las oficinas móviles que llegan en la provincia a 122 municipios (127 paradas incluyendo las entidades locales menores), todas ellas de CaixaBank. A pesar de ello, hay 93 municipios de Ávila sin oficinas, sin cajeros, sin agentes ni oficinas móviles, pueblos pequeños cuyos habitantes, cerca de 6.000 en total, están aún en situación de exclusión financiera.

Y en ellos hay que pensar para seguir adoptando medidas, en las que se impliquen las entidades financieras con el apoyo fundamental y esencial de un Gobierno que si de verdad quiere apostar por el medio rural, y más en aquellas provincias que se están vaciando paulatinamente, debe invertir en ellas para garantizar unas condiciones de habitabilidad que sean similares a las del resto del territorio.

La presencialidad para abordar ciertas cuestiones, y la financiera es una de ellas, es un carácter que hay que mantener, y más cuando los beneficiarios son personas mayores que en muchas ocasiones no tienen facilidad para desplazarse a otras localidades en busca de esos servicios que necesitan. Por eso el reto debe ser llegar a la práctica totalidad de municipios y de su población, y en esa senda de dotar de servicios financieros a todos los puntos se debe abundar, para que no haya ciudadanos de primera y de segunda.