El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, anunció que se pondrá en contacto con los diferentes grupos parlamentarios tras haber registrado ayer en las Cortes el techo de gasto de las cuentas para 2025, y aseguró que, a su juicio, «hay margen suficiente para incluirlo» en el próximo pleno del 29-30 de octubre, aunque tendrá que ser la Mesa del Parlamento quien adopte la decisión. Carriedo afirmó que son «conscientes» de que será «difícil» sacar adelante el techo de gasto, como paso previo para poder registrar y debatir los presupuestos, pero sentenció: «Nos agarramos a la idea de que lo que no es imposible es posible».

El consejero portavoz indicó que se pondrá a disposición de los grupos para aclarar sus dudas y los aspectos que deseen de las grandes cifras de Castilla y León para el año que viene, así como para «escuchar sus posiciones y buscar puntos de encuentro y acuerdos».

El portavoz, que compareció junto a la directora general de Presupuestos, constató que acudirán a las reuniones con «la máxima voluntad de acuerdo» y sostuvo que el Ejecutivo que preside Fernández Mañueco ha «cumplido con su responsabilidad» que era «facilitar un documento de detalle para poder hablar» del mismo, algo que hizo el martes el presidente con el anteproyecto de presupuestos para 2025.

Carriedo insistió en que la aprobación de las cuentas por las Cortes, será «difícil, pero no es imposible», para aseverar: «Lo que no es imposible merece la pena intentarlo y lo haremos con toda la fuerza y la energía». «Vamos a ir a la ronda de contactos con la mano tendida y un buen proyecto que merece la pena apoyar, porque bajamos impuestos, elevamos inversiones, ofrecemos servicios de máxima calidad y priorizamos el mundo rural», argumentó.

El consejero de Economía y Hacienda repitió que «es posible conseguirlo» y a ello se agarran «sin ignorar las dificultades». No obstante, reconoció que si no logran aprobar las cuentas abordarán «otro tipo de escenarios», aunque recordó que, el pasado martes, Mañueco ya desligó el resultado de la votación en las Cortes con el final de la legislatura. «Trataremos en todo caso de buscar el máximo beneficio para los ciudadanos sea cual sea el escenario», razonó.

Carriedo rechazó las opiniones de varios grupos parlamentarios, que apuntaron a una estrategia de Mañueco para adelantar las elecciones, y recordó que «la sociedad lo ha recibido bien», con reacciones favorables desde CEOE, Cámaras de Comercio y organizaciones profesionales agrarias. Además, el consejero insistió en que las inversiones crecen en todas las provincias, «todas ganan», y resumió que si en las negociaciones las fuerzas políticas «se centran en los intereses de los castellanos y leoneses, será más fácil el acuerdo».

13% del PIB.

Por otro lado, Carriedo subrayó que los gastos en sanidad, educación y servicios sociales previstos en el anteproyecto de ley de presupuestos suman 9.295 millones, lo que representa el 13 por ciento del Producto Interior Bruto Regional (PIB), un porcentaje que no destina «ni el Gobierno ni ninguna otra autonomía».

El consejero apuntó que de los 5.005 millones de la Consejería de Sanidad, 2.866 millones irán a atención especializada, con 144 millones en inversiones (+16,6 por ciento) y 1.646 millones para primaria (+5,8). En Educación destacó los 2.760 millones para la escolar, FP y enseñanzas universitarias, de los que 537 millones serán para universidades (+6,6 por ciento), 57 millones para completar la gratuidad de cero a tres años y 25 para becas. En servicios sociales, indicó que 640 millones irán par profesionales y funcionamiento de centros de atención (+5,2 por ciento) y 580 para prestación de servicios (+3,6).

En cuanto al plan de inversiones sociales prioritarias, contempla 370,5 millones, de los que 200 irán a sanidad, otros 127,87 millones serán para educación y 42 para Familia e Igualdad de Oportunidades.

Finalmente, Carriedo explicó que se «ha asumido un riesgo» al fijar la subida del gasto de personal en un 2,58 por ciento, lo que da margen para afrontar la misma subida de este año del dos por ciento de las retribuciones, a la espera de la normativa básica que pueda aprobar el Gobierno, informa Ical.

El portavoz recordó que están a la espera de que el Gobierno saque adelante la legislación básica, porque de momento no ha informado de cuál podría ser el escenario.