La dificultad para acceder a una vivienda, una de las preocupaciones señaladas por los españoles en los últimos estudios sociológicos, llega de forma decidida al debate político. Al menos, los dos grandes partidos, como si de una carrera electoral se tratara, pugnan por liderar la lucha frente una problemática que pone en jaque el horizonte vital de buena parte de la población, sobre todo de los más jóvenes. La falta de oferta y, en consecuencia, los elevados precios, tanto para la compra como en régimen del alquiler, lastran los datos económicos de los que presume el actual Gobierno que, como los precedentes, ha pecado de grandes dosis de inacción en la materia. Fines comunes, algunos medios compartidos pero énfasis a la hora de mostrar las diferencias, PSOE y PP llevan sus políticas por la vivienda al terreno de la habitual batalla ideológica. Nada nuevo bajo el sol, pero el interés de ambos partidos por abanderar la respuesta a un asunto capital es sintomático de lo mucho que hay en juego y de la repercusión social de una cuestión encallada. Pese a las diferencias, buena noticia es que la política, en medio de su ruido cotidiano, ponga el foco en asuntos que están en el día a día de los ciudadanos. Sería todavía más positivo si un frente común sustituyera el afán de cada formación de marcar perfil propio desde la unilateralidad, desterrando las propuestas del oponente de su hoja de ruta.

En un ejercicio cercano a la contraprogramación, PSOE y PP han coincidido en el tiempo. El PP anunciaba este fin de semana en su cónclave asturiano, con presencia de los líderes territoriales de la formación, medidas fiscales orientadas a facilitar el acceso de los más jóvenes a la vivienda. Apuesta acompañada, entre otras, por reformas legislativas para que haya más suelo disponible, es decir, más construcción de vivienda nueva para incrementar una oferta insuficiente. Enfrente, el Gobierno presentaba este lunes un paquete de medidas que incluyen exenciones a propietarios que alquilen viviendas, garantía de cobro a los mismos o un incremento de impuestos a los compradores extracomunitarios con el fin de cercenar la especulación. También incorpora la consideración de los pisos turísticos como negocios para que tributen como una actividad económica, incentivos a la rehabilitación de inmuebles para vivienda social y estímulo a la construcción con una suerte de intervencionismo a través de una creación de empresa pública de vivienda que, por momentos, parece obviar la colaboración público privada.

Este mismo lunes desde la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) destacaban las similitudes encontradas en las propuestas de PP y PSOE e invitaban a encontrar puntos de encuentro en un pacto de Estado que tenga en cuenta a las autonomías y entidades locales aprovechando su experiencia y cercanía con el sector constructor. Algo para lo que habría que dejar de lado la aritmética electoral que guía la actuación de los principales partidos.