Las patronales bancarias acordaron hace algo más de un año, en una reunión con la vicepresidenta primera del Gobierno, una hoja de ruta con el objetivo de que las entidades de crédito pudieran asegurar el acceso a servicios financieros presenciales para el 100% del territorio, con especial atención a la inclusión financiera rural y con los objetivos de favorecer la lucha contra la despoblación y contribuir a una adecuada vertebración territorial. El protocolo recogía poder contar con al menos un punto de acceso a servicios bancarios presenciales –oficinas bancarias, cajeros automáticos, agentes financieros u oficinas móviles– en los alrededor de 250 municipios de más de 500 habitantes que entonces no tenían cobertura financiera, cubriendo así a más de 200.000 personas, mientras que para los tres mil pueblos pequeños sin puntos de acceso se iba a intentar cumplir el compromiso con carteros rurales o soluciones alternativas para sus casi medio millón de ciudadanos.
A falta de conocer la evolución y el impacto concreto del plan, el último informe sobre la Inclusión Financiera en España del Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas), con datos al cierre de 2022, cifra en casi 2.800 los municipios sin acceso a puntos bancarios presenciales, con unos 495.000 ciudadanos afectados, lo que supone unos 300 municipios menos y 100.000 personas afectadas menos que un año atrás, si bien las cifras varían en función de si se cuantifica o no el acceso al sistema de cash back o devolución de dinero en establecimientos (que en el anterior informe no estaba disponible y en el último sí).
En cualquier caso, en la provincia de Ávila los pueblos que a finales del año pasado se encontraban en situación de exclusión financiera por no tener acceso a ningún servicio bancario presencial eran 93, el 37,5% del total, afectando a un total de 5.945 vecinos, el 3,8% del total de los residentes en la provincia. El porcentaje de localidades abulenses 'excluidas' es muy inferior a la media regional, fijada en el 63,3%, y se sitúa unos puntos por encima de la nacional, del 34,4%. En cuanto a los vecinos, el 3,8% de residentes en Ávila que no puede acceder a ningún servicio bancario en su localidad se queda lejos del 10% registrado en Castilla y León, aunque supera el 1% de la población afectada en todo el territorio nacional.
El informe del Ivie, con el que se pretende actualizar el diagnóstico que se había realizado a mediados de 2022 (con datos de finales de 2021), pone el foco en que el año pasado continuó la caída de la red de oficinas bancarias de las entidades de depósito en España, hasta situarse en una cifra de 17.648 en el conjunto del país y 90 en Ávila. Desde el máximo de septiembre de 2008 la reducción es del 61% en el ámbito nacional y del 63% en el provincial (datos propios), en una dinámica que también se da en la red de cajeros, aunque con un descenso más contenido.
En Ávila hay 90 oficinas de entidades bancarias, que están ubicadas en 33 municipios, y 145 cajeros, entre los 126 disponibles en oficinas y los 19 desplazados. También se dispone de 39 agentes, 40 oficinas de correos y 60 puntos de cash back, además de las oficinas móviles que llegan a 122 municipios (127 si hablamos de todas las entidades locales), todas ellas de CaixaBank, con lo que en total la cifra de los accesos presenciales a servicios bancarios se acerca a los 500. De esta manera, los municipios abulenses con algún tipo de servicio bancario son 155, el 62,5% del total y donde reside algo más del 96% de la población. Esto deja, a su vez, en 93 la cifra de municipios sin acceso a ningún servicio bancario presencial.
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