El Ministro de Agricultura, Luis Planas, ha hecho un balance en positivo del conjunto de las medidas puestas en marcha en los últimos meses para apoyar la actividad en el sector agrario, que van desde las políticas de producciones hasta el ajuste de costes, la fiscalidad, el comercio exterior o el relevo generacional. En su haber destaca el crecimiento de la renta agraria en este ejercicio del 14,2%, el más elevado en los últimos años consecuencia de un incremento en el valor de las producciones vegetales del 8,9% -especialmente en los cereales- y un descenso del 8,5% en los gastos en medios de producción.

A raíz de las movilizaciones agrarias de los primeros meses de este año, el Ministerio de Agricultura, con los únicos apoyos de UPA y de Unión de Uniones, siglas que no habían estado en las marchas, daba a luz verde a un paquete de medidas que se podrían considerar como el grueso del programa del Gobierno para esta legislatura, a las que se ha la sumado en las últimas fechas la intención del Ejecutivo de poner en marcha un mecanismo para definir la representatividad agraria tras un proceso autonómico para clarificar el peso de cada sigla nivel estatal. Un viejo reto que parece tener en contra a algunos actores en el propio sector.

Para que una OPA fuera considerada como organización representativa debería lograr esa situación en al menos siete comunidades autónomas con una cifra equivalente, al menos, al 10% de los afiliados nacionales al sistema de autónomos y al de por cuenta propia. Para determinar ese porcentaje se plantean varias vías: votaciones, presencia en las instituciones…

En este paquete de medidas ocupa un lugar destacado la referida a la Política Agraria Común (PAC) y muy especialmente en lo que afecta no a los fondos en su cuantía global -que son casi inamovibles al alza-, sino la flexibilización y simplificación de las mismas, así como la aplicación de los ecorregímenes como otro instrumento para aumentar los apoyos a una determinada actividad agraria. En relación con la PAC, un dato en positivo fue la decisión de que el Cuaderno de Explotación fuera inicialmente voluntario para no aumentar más la burocracia para los agricultores y ganaderos.

Uno de los problemas más importantes a los que se enfrenta en la actualidad el sector agrario, a pesar de que en el último año la balanza comercial haya seguido siendo positiva, es el comercio exterior agroalimentario entendiendo el mismo en ambas direcciones, importaciones y exportaciones. Para exportar, cada día son más numerosas la barreras con las que se encuentran los productos españoles. Se trata de trabas en los países destino que se imponen sorteando las normas de la Organización Mundial de Comercio, en unos casos de tipo burocrático, otros de calidad, retrasando permisos, etc., para proteger sus producciones o defender las importaciones desde otros países por diferentes intereses, desde los estatales a los impuestos por grupos de presión de agricultores o industriales. En dirección contraria, España tiene una autopista de entrada para los productos agroalimentarios desde terceros países, autopista a la que ahora se le pueden sumar otros carriles en el marco de los compromisos adoptados entre la UE y Mercosur rebajando los aranceles en un camino hacia una relación de comercio libre.

Ahí está la denominada cláusula espejo, por la que son exigibles a los productos de entrada la UE las mismas condiciones, desde la producción a la comercialización, que deben cumplir los productos comunitarios y muy especialmente en lo referido al uso de productos fito o zoosanitarios, al empleo de productos para el engorde de los animales, a temas laborales, al bienestar animal... El sector pide que no se utilicen las importaciones agroalimentarias para beneficiar a las exportaciones a esos países de bienes industriales diversos.

Retos.

Un tema en positivo, pero con flecos pendientes importantes, es el funcionamiento de la Ley de la Cadena Alimentaria por la que se debería lograr unos precios rentables en el campo y buenos para los consumidores. Fue un paso importante elevar la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) a entidad estatal. Pero, los títulos no dan más eficacia sin los medios de trabajo necesarios y en muchos casos también se nota la ausencia de una decidida voluntad para actuar y controlar los tipos de prácticas que no respetan el proceso de la formación de los precios desde el propio campo, costes de producción, donde se impone la ley del más fuerte. La Ley de la Cadena sigue siendo un reto cumplido solo a medias.

Sucede lo mismo con el seguro agrario, uno de los ejes de la política agraria para el que un año más se han incrementado los fondos para el pago de las subvenciones a las primas de 284 a 315 millones de euros. Desde las entidades aseguradoras se alega tradicionalmente el fuerte incremento de la siniestralidad normal y la extraordinaria frente a unas primas que no creen suficiente. Desajuste entre siniestros y primas. Desde el sector se abunda, por el contrario, que en el seguro agrario creen las primas y bajan las coberturas, lo que pone en peligro el propio sistema si agricultores y ganaderos no ven en mismo más ventajas. Las salidas se hallan en manos de la Administración central y de las comunidades autónomas.

El campo no ha tenido nunca una fiscalidad muy elevada en comparación con otras actividades al disponer de diferentes mecanismos para reducir sus niveles de ingresos a esos efectos. Pero no es baja si se tienen en cuenta las condiciones específicas de la actividad y en muchos casos los servicios. Se mantienen deducciones del 35% en la factura del gasóleo y del 15% en los fertilizantes en el sistema de Estimación Objetiva o de módulos.

La sanidad animal ha constituido en los últimos tiempos un problema por la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) y la lengua azul, patologías para las que se han articulado fondos de 15 y siete millones de euros respectivamente. Agricultura decidió no exigir el veterinario de explotación.

Otro reto permanente en el campo es lograr un mayor relevo generacional, para lo que están planteando medidas de apoyo para la incorporación de jóvenes, para los profesionales y para las explotaciones prioritarias, entre otras líneas, vía la entidad pública SAECA. 

Un ejemplo de esos niveles de envejecimiento de la población del campo se refleja en parte por las personas que reciben las ayudas directas de la PAC. Sobre un volumen de 562.000 perceptores, casi un 40% tiene más de 65 años, un 52% entre 35 y 65 años, menos del 8% entre 25 y 40 años y solo un 0,70% tiene menos de 25 años. En el volumen de los cobros, el 27% se queda en manos de los mayores de 65 años, el 58% entre los de entre 40 y 65 años, un 13,35 para los mayores de 20 y menores de 40 años y el 1,45% para los de menos 25 años.