Han pasado ya 10 años de un salto a la valla de Melilla que hizo historia. Y no solo por ser el más largo hasta la fecha, hasta 16 horas, sino y, sobre todo, porque llegó a ser juzgado en Europa y a punto estuvo de cambiar las cosas en las polémicas devoluciones cuya legalidad ponen en duda algunas voces.

Aquel 13 de agosto de 2014, unos 600 subsaharianos intentaron vulnerar el perímetro fronterizo en el marco de un verano de enorme presión migratoria sobre Melilla, Ceuta y las costas de Andalucía. Ninguno de los 80 que se encaramaron desde la madrugada hasta las nueve de la noche logró su propósito porque todos terminaron bajando de la valla por su propio pie para ser entregados a Marruecos.

Dos de ellos, N.D. y N.T., de Mali y Costa de Marfil, denunciaron ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que les dio la razón en una primera sentencia y  que condenó a España a pagar 10.000 euros por expulsarlos de manera colectiva en contra de su voluntad, sin ser identificados y sin una decisión administrativa o judicial previa.

Un recurso del Gobierno de Mariano Rajoy, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez decidió mantener, dio lugar en febrero de 2020 a la última vuelta de tuerca y, de momento, definitiva, en este caso: la Gran Sala del TEDH avaló la expulsión de los migrantes porque «se pusieron ellos mismos en una situación de ilegalidad» al acceder «a lugares no autorizados» y «recurriendo a la fuerza».

Pero ni aquella nueva sentencia, que generó una gran expectación tanto en España como en el resto de Europa, ni tampoco la inclusión en 2015 de los rechazos en frontera en la Ley de Seguridad Ciudadana, han contribuido a calmar las bravas aguas sobre las que siempre se asienta este proceder en la valla y que diferentes organismos, ONG y asociaciones siguen cuestionando.

En este sentido, la Oficina en España de Acnur, la Agencia de la ONU para los Refugiados, cree que «no se puede continuar con las prácticas peligrosas, como la denegación del acceso al territorio y las expulsiones», en un momento en el que se están elaborando los planes del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo.

Acnur defiende que el marco normativo «prohíbe expresamente las expulsiones colectivas y sin garantías», por ello exige la identificación individual, la comprobación de sus posibles necesidades de protección internacional y la apertura de un expediente administrativo antes de su expulsión.

En la misma línea que Acnur se muestra la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que no oculta su decepción con la sentencia porque «cerró en falso» la polvareda sobre las devoluciones con una interpretación «que no está pegada a la realidad».

La coordinadora estatal del servicio jurídico de esta organización, Elena Muñoz, rechaza el «discurso peligroso» del Tribunal Europeo «al poner la responsabilidad en las víctimas de esta situación», esto es, los propios migrantes, pese «al consenso» que hay en torno a la irregularidad de las devoluciones colectivas.

A su juicio, el debate sobre el rechazo en frontera solo quedará zanjado cuando se derogue la disposición adicional de la Ley de Extranjería «que intenta dar una apariencia de legalidad a estas devoluciones», que «siguen siendo ilegales».

Igualmente, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) pide contar con un protocolo de actuación, con instrucciones claras y por escrito, para saber como intervenir en la frontera y así evitar que su trabajo se base en «una orden de servicio que tampoco es sabida por todos los agentes al declararse como secreta».