Como si se tratara de un antiguo alquimista, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, trata de encontrar la fórmula del bienestar para los asalariados con dos ingredientes fundamentales, que muchos califican de «populistas». Se trata de mejorar, en primer lugar, el sueldo, como ya se ha hecho con el salario mínimo interprofesional (SMI) que en menos de cinco años se ha disparado un 56% y, en segundo lugar, reduciendo la jornada laboral de 40 a 37,5 horas antes de 2025.
La hoja de ruta de la vicepresidenta segunda está muy definida en su programa electoral, en el que defiende que «esta va a ser la legislatura de los salarios y la rebaja de jornada laboral», y admite claramente que lo va a hacer con o sin el acuerdo con la patronal.
En este contexto, la también líder de Sumar se ha comprometido a llevar la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas al seno del diálogo social, con sindicatos y patronal, pero lo aprobará aunque la parte empresarial lo rechace.
Otro de los puntos que también avanzó Díaz que acometerá y que no consiguió prosperar en el Congreso de los Diputados por los votos en contra de Unidas Podemos fue la reforma del despido para que se adecúe a la Carta Social Europea y sea «disuasorio».
El café para todos regulatorio del Gobierno de coalición está provocando un creciente malestar entre las organizaciones empresariales, que califican este relato político como un «guiño populista» en materia laboral en el que hay que analizar bien los pros y los contras.
El presidente de la CEOE ve en esta reforma «un incremento del gasto encubierto para los empresarios» que, sin considerar si se mejora o no la productividad, se legisla un recorte de horarios que no contempla ni el ajuste proporcional de los salarios ni tampoco la parte que cotizan en esta materia a la Seguridad Social.
Unas cuentas que si bien pueden salir satisfactoriamente en las organizaciones más grandes por sus niveles de fortaleza, solvencia y competitividad, sin embargo, para las pymes, que en España soportan el 99% de los asalariados, la situación puede ser la puntilla y una buena parte de la pérdida de rentabilidad.
Así, por ejemplo, la patronal del comercio denuncia que reducir la jornada laboral de sus empleados supondrá un alza salarial encubierta del 6,25% y advierte que provocará «una grave pérdida de competitividad» en las ventas de proximidad.
La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) indica que mientras los costes laborales han subido un 5,2% en el tercer trimestre de 2023, la productividad de las pymes ha caído un 0,9% en el mismo período, lo que dificulta este tipo de medidas que recortan los horarios y encarecen las contrataciones.
En esta misma línea, el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, mostró su rechazo a esta iniciativa asegurando que «no sería bueno desde el punto de vista económico» regular la reducción de la jornada laboral por ley y consideró que «es mucho mejor dejarlo en manos de los interlocutores sociales y en función de la situación específica de cada una de las empresas».
Beneficiados
Yolanda Díaz precisó que el ajuste de horarios sin pérdida retributiva, que beneficiaría a 12 millones de asalariados en el sector privado, será el principal reto de su Ministerio, de manera que centrará buena parte de los esfuerzos de la cartera en el marco del diálogo social. En su opinión, «además de mejorar el tiempo de la vida de la gente, se trata de una iniciativa con beneficios medioambientales y que aumentaría la productividad del país».
En definitiva, se trata de una materia que si se legisla bien y con el consenso de todos podrá beneficiar no solo a los trabajadores, sino también al crecimiento del país.