Las organizaciones profesionales agrarias Asaja y UPA-COAG retoman este viernes en Arévalo su calendario de movilizaciones, que se inició el pasado 11 de octubre frente a la Delegación del Gobierno en Castilla y León, para pedir medidas que garanticen la «rentabilidad» de las explotaciones agrarias, especialmente las cerealistas, y exigir el veto del Gobierno de España al acuerdo que la Unión Europea está ultimando con los países del Mercosur.
La protestas, según revelaron los responsables autonómicos de las tres organizaciones agrarias, se desarrollará frente a la «mayor fábrica de harinas de España» que la empresa catalana Villafranquina tiene en la localidad abulense de Arévalo, si bien a las 12,00 horas se partirá de allí hacia la sede de la empresa Octavio Palomo para protestar también por el precio actual de los fertilizantes, que triplica los costes de producción del sector cerealista con respecto al valor obtenido en los mercados.
El objetivo, tal y como señalaron Donaciano Dujo, Lorenzo Rivera y Aurelio González en declaraciones recogidas por Ical, es forzar «gestos» de las empresas operadoras del mercado para que eviten «la ruina» que las tres organizaciones profesionales agrarias aseguran que afronta el sector cerealista de Castilla y León, lo que está llevando a una reducción en el terreno sembrado que puede caer por debajo de 1,6 millones de hectáreas en la campaña ya en marcha.
Así lo apuntó, de hecho, Dujo, que recordó que la superficie sembrada de cereal en el histórico de Castilla y León se aproximaba siempre a los dos millones de hectáreas, pero que ya el año pasado cayó a poco más de 1,6 porque el agricultor ve «que esto no da» y reduce la superficie destinada a cereal así como el abono, que ha pasado de dos veces por campaña a «una sola aplicación en enero o febrero y si las cosas van bien», debido al alto precio de los fertilizantes.
Por ello, las opas mantienen una campaña de movilizaciones «a nivel provincial, regional y nacional» para «dar continuidad a las protestas del sector agrícola y ganadero por los bajos precios del cereal y los altos costes de producción», que hacen que, actualmente, se perciban 200 euros por cada tonelada producida pero el coste se dispare a 600 euros por hectárea, lo que obliga a obtener unos rendimientos de 3.000 euros por hectárea «solo para igualar» y 3.500 «para ganar algo».
Sin embargo, el rendimiento medio por hectárea se suele situar en los 2.500 kilos en muchas zonas de Castilla y León, lo que hace que la sementera se resienta porque «no salen las cuentas ni aún teniendo buena cosecha».
«Ante esta situación, no queda más remedio que seguir manifestándonos para pedir al Gobierno nuevas soluciones», apuntó Dujo, que además señaló al posible próximo acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur como «otro palo más en la rueda» porque abre el mercado a productos agroganaderos de los países del cono sur de América Latina que «no tienen costes, ni restricciones ni burocracia».
acuerdo con mercosur. En ese sentido, el secretario general de UPA en Castilla y León, Aurelio González, reclamó al ministro de Agricultura, Luis Planas, que «cumpla los compromisos políticos» adquiridos en las 43 medidas propuestas a las opas en abril, con las que se aminoraron entonces las movilizaciones del campo, y que incluían la introducción en los acuerdos comerciales con el exterior de «cláusulas espejo» para que los productos que llegaran de fuera cumplieran las mismas condiciones que los de la UE.
Sin embargo, según González, el acuerdo con Mercosur supone «todo lo contrario» ya que habilita la entrada de 99.000 toneladas de carne de vacuno de Brasil y Argentina, países que «han estado bajo sanciones por uso de clembuterol para el engorde del ganado», sin que tengan «controles ni aranceles», algo que también sucede con otros productos como la caña de azúcar, donde Brasil es «potencia productora», o con la carne de porcino, lo que «va a hacer mucho daño a los agricultores y ganaderos de nuestra región».
Finalmente, también reclamarán las opas a las empresas operadoras «gestos» para «ganar todos» porque, según Rivera, una empresa como Villafranquina tuvo en 2023 «un beneficio récord de 62 millones» mientras el cereal «se está abandonando» en Castilla y León, lo que demuestra que «pone el corazón de Tierra de Sabor en productos» donde no toda la producción procede de la Comunidad, como obliga la marca de calidad de la Junta.