El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal ha acordado investigar la presunta responsabilidad de 10 exdirigentes de la organización terrorista ETA en el asesinato el 4 de junio del 2000 del concejal de PP en el Ayuntamiento de Durango (Vizcaya) Jesús María Pedrosa Urquiza así como la posible responsabilidad de los imputados en la política de expulsiones forzadas en País Vasco.

En un auto de este mismo lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, el responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1 admite a trámite la querella interpuesta el pasado mes de agosto por la Asociación Dignidad y Justicia, que explicaba que Pedrosa fue "una de las numerosas víctimas" de la "política de expulsiones forzadas del País Vasco dirigida por la zuba -el máximo órgano de dirección de ETA- bajo amenaza de muerte".

Por ello, el juez acuerda investigar por un delito de asesinato en conexidad con un delito consumado de coacciones y amenazas terroristas a los jefes de la banda en el momento de los hechos: Javier García Gaztelu, alias Txapote; Ignacio Miguel Gracia Arregui, alias Iñaki de Rentería; Juan Antonio Olarra, alias Juanvi; Juan Carlos Iglesias Chouzas, Gadafi; Asier Oyarzabal, alias Baltza; María Soledad Iparraguirre, Anboto; Miguel Albisu Iriarte, Mikel Antza; Vicente Goicoechea, alias Willy; Ainhoa Múgica, alias Olga y Ramon Sagarzazu, alias Ramontxo.

El magistrado hace suya la querella de DyJ y explica que a lo largo de los años los comités ejecutivos de ETA han dirigido la política de expulsiones forzadas de distintos sectores de la población vasca no nacionalista, mediante coacciones y amenazas que progresivamente se iban ampliando e individualizando sobre los ciudadanos que ejercían resistencia cívica democrática ante la banda.

Fue en ese contexto cuando la organización terminó con la vida de Jesús María Pedrosa Urquiza en la localidad de Durango, cuando regresaba caminando a su domicilio. Un miembro de ETA se le acercó por detrás y le disparó en la nuca, causándole la muerte de forma casi instantánea. Un segundo terrorista, también sin identificar, recogió en un vehículo al autor del atentado y ambos se dieron a la fuga.

No es solo un asesinato terrorista

Para el magistrado, el asesinato de Pedrosa no sólo es un asesinato terrorista. "Supone, además, una amplificación y un refuerzo de esa amenaza terrorista, formando parte de esa estrategia de terror continuada y no puntual, indiscriminada y persistente, hasta el año 2011, y con eso no solo se acaba con la vida de la concreta persona, en este caso el señor Pedrosa Urquiza, sino que se alimenta ese clima de amenaza creado con vocación de perdurar durante el tiempo", asegura.

En su auto, Abascal explica que desde principios de los 80 ETA dispuso de una jerarquía en la que su cúpula o comité ejecutivo asumía todas las funciones directivas y, en consecuencia, las tomas de decisiones para llevar a cabo una acción terrorista, aplicando la estrategia diseñada por el comité ejecutivo, se difundían a todos los militantes.

"El comité ejecutivo decide, coordina, selecciona los objetivos, envía la información, entrega el material necesario para atentar, designa genéricamente el objetivo y ordena expresamente llevar a cabo el atentado", asevera el instructor.

A este respecto, el instructor sostiene que las amenazas que recibió el concejal antes de su muerte y su posterior ejecución "evidencian el carácter concursal y conexo entre el intento de expulsión y el propio asesinato que se produjo, tal y como la propia organización terrorista reivindicó en el ZUZEN 79 (contra los políticos responsables del aplastamiento de Euskal Herria").

Solicita informes a Guardia Civil y Policía Nacional

Por todo ello y para esclarecer el asesinato del concejal, el magistrado acuerda la práctica de una serie de diligencias para aclarar la responsabilidad de los integrantes del Comité Ejecutivo de ETA en el momento del asesinato de Jesús María Pedrosa.

Entre ellas, solicita a la Guardia Civil y a la Policía Nacional un informe que incluya las acciones de amenazas, coacciones y hostigamiento cometidas contra militantes de partidos políticos constitucionalistas en el periodo de tiempo inmediatamente anterior, simultáneo y posterior al asesinato del concejal en junio de 2000, "debiendo evaluarse en concreto si, como consecuencia de ese clima intimidatorio, dichas personas pudieron abandonar el País Vasco".

Estas diligencias tienen por objeto, detalla el magistrado, determinar la presunta participación de los exjefes de ETA en las coacciones, amenazas y posterior asesinato bien como autores mediatos o bien como responsables del delito cometido por la organización terrorista en comisión por omisión.

La querella de Dignidad y Justicia

Fue el pasado mes de agosto cuando Dignidad y Justicia presentó una querella de 247 folios ante el Juzgado Central de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional para pedir que investigase no solo el asesinato, uno de los crímenes de ETA que siguen sin resolver, sino también las presuntas coacciones y amenazas terroristas contra Pedrosa Urquiza como parte de "la más amplia política de expulsión forzada de entre 60.000 y 200.000" personas del País Vasco.

En la misma, la asociación asegura que el "intento de expulsión forzada" se insertaba en "una larga y muy extensa política que zuba a zuba habían venido perpetuando desde finales del año 77" y que ello fue "determinante" en el asesinato del concejal.

En este sentido, DyJ defendía que el miembro del PP fue "asesinado selectivamente" ante su "singular resistencia cívica y heroica de huir de Durango". Para Dignidad y Justicia, la muerte de Pedrosa Urquiza fue consecuencia "directa" de su resistencia ante dicha política de expulsión y pasó a ser un "monstruoso crimen instrumental, ejemplificante, lenitivo, para otros a los que se les pudiera ocurrir resistirse".

En el marco de la querella, Dignidad y Justicia se amparaba en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que contempla la "autoría mediata por dominio de los aparatos organizados de poder", para reclamar a la Audiencia Nacional que admitiese su petición e investigase el asesinato del concejal popular.