El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha considerado este viernes que el Gobierno debe adoptar cuanto antes medidas para proteger a las empresas españolas que van a "sufrir" las consecuencias de la guerra en Ucrania, en cuanto al encarecimiento de la electricidad y el gas, de otros suministros.

En un encuentro con empresarios vascos organizado por la APD, Garamendi ha lamentado "la escalada bélica tremenda" de los últimos días y ha explicado que ayer participó como vicepresidente de los empresarios europeos en un encuentro en el que se expresó "de manera contundente un mensaje por la libertad y la democracia", exigiendo a Europa y a Estados Unidos un liderazgo en esta cuestión y medidas económicas contra Rusia.

Ha vaticinado que esa crisis internacional agravará el problema de los precios de la energía y por ello, la CEOE pedirá al Gobierno que proteja a la industria, y especialmente a la que depende del gas.

Ha reprochado que en España no se apueste por el carbón o la energía nuclear como en otros países europeos y que la estrategia al respecto en este país se haya asentado en "planteamientos electoralistas", lo que finalmente vuelve a afectar a la competitividad empresarial.

"Nos guste o no nos guste, hay una competencia brutal en otros países" y "hay que ser realistas", ha dicho.

Garamendi ha avisado de "vamos a ver un proceso inflacionista" y ante esa circunstancia, ha apelado a la responsabilidad en la moderación de los salarios.

La CEOE ha convocado a los sindicatos para estudiar este asunto y evitar incrementos desproporcionados porque, de otra manera, "haríamos un flaco favor a la sociedad, a la economía y al empleo".

Garamendi ha advertido también de que "la fiesta se va a acabar", ya que, como consecuencia de la crisis por la COVID-19 el BCE compró la mitad de deuda española y por ello, "llevamos varios años dopados por Europa", por lo que ha pedido "ser conscientes de que todo ese dinero habrá que devolverlo".

Según ha censurado, "hay gente que está jugando a hacer políticas populistas con el dinero capitalista de los demás" y se ha preguntado cómo se va a gestionar el Estado y qué se va a hacer desde el sistema fiscal, "porque nos vamos a encontrar a partir del próximo año con un déficit de 60.000 u 80.000 millones anuales".

La deuda es "una losa que está ahí y que debemos ser conscientes de ello", ha insistido al tiempo que ha advertido del "desfase" que va a generar en los presupuestos del Estado y que conllevará que las "cuentas resulten mucho peor de lo que se pensaba".

Por ello ha reclamado al Gobierno, "rigor presupuestario y ortodoxia económica. Sería muy interesante que hubiera estabilidad" y que los grandes asuntos "estuvieran consensuados con pactos de Estado" para generar "confianza" en el exterior.

Respecto a la reforma laboral pactada, ha asegurado que "a mí no me orienta nadie" y "yo no he llamado a ningún político para ver qué tenía que hacer", al tiempo que ha dicho que la CEOE "no habla nunca de política sino de las demandas de las empresas" desde el papel que tiene esa organización en el diálogo social.

Ha lamentado también que "por un afán recaudatorio" el año pasado se cometió "el error" de eliminar incentivos de los fondos de pensiones y ahora "han caído un 45 % los fondos privados en España en el último año".

Además, ha expresado su preocupación por la propuesta del Gobierno para "nacionalizar el segundo pilar" del sistema de pensiones y que "todo el dinero de las pensiones vaya al Estado para que sea gestionado por funcionarios, y terminar así con la libertad de gestión de las entidades privadas".