El Grupo Parlamentario Popular ha llevado al Congreso una proposición no de ley para frenar la implantación del nuevo mapa concesional estatal de los servicios de transporte público regular por carretera, impulsado por el Gobierno de España. Durante el debate, el diputado popular por Ávila, Héctor Palencia, puso voz a una preocupación compartida en muchas provincias del interior: la pérdida de conectividad y servicios esenciales para la población rural.
En el caso de Ávila, el nuevo diseño supondría la eliminación de 110 paradas de autobús, afectando a 86 municipios con una población conjunta de 34.300 habitantes. Esto implica la desaparición del servicio en uno de cada tres municipios de la provincia. Los datos oficiales del año 2019 indican que esta supresión afectaría directamente a 29.937 viajeros anuales, que quedarían sin transporte público interurbano estatal.
El documento del PP, firmado por varios diputados y presentado al Pleno el 25 de octubre de 2024, denuncia que el nuevo mapa, diseñado por el Ministerio de Transportes, suprime 9.305 paradas, 456 rutas y deja sin servicio a 1.417 municipios de toda España, donde viven más de 3,2 millones de personas. Además, supondrá un recorte de 73,45 millones de kilómetros recorridos al año, lo que equivale a un 30,77% menos de movilidad pública.
Los populares acusan al Gobierno de aplicar criterios de rentabilidad comercial, privilegiando las conexiones entre grandes ciudades, mientras transfiere a las comunidades autónomas los servicios menos rentables y más costosos de sostener, sin garantizar una financiación estable. El coste estimado de estos servicios asciende a 110 millones de euros anuales, mientras que el Ejecutivo solo ha ofrecido una financiación «temporal» de 25 millones, lo que cubriría apenas el 23% del coste real.
Palencia alerta de que el nuevo mapa rompe el principio de igualdad entre españoles y condena a miles de ciudadanos del medio rural a una exclusión territorial injustificada, por lo que exige la retirada inmediata del borrador actual, la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Transportes –que no se celebra desde julio de 2022– y la elaboración de una nueva propuesta consensuada con las comunidades autónomas.
También denunció que el Gobierno central se reserva para sí las rutas más rentables, dejando a las comunidades las deficitarias, y sin acordar previamente ni los cambios ni los fondos necesarios para sostener el servicio. «Esto es una imposición, no una cooperación institucional», señaló.
La propuesta del PP fue apoyada por 139 diputados: los 136 de su grupo más BNG, UPN y Coalición Canaria. 51 votaron en contra, entre ellos VOX, Junts, EH Bildu y el Grupo Mixto. Las abstenciones fueron mayoritarias: 159 diputados de PSOE, ERC, PNV y Sumar decidieron no posicionarse a favor ni en contra. En este sentido, el diputado abulense apunta «la curiosa postura de Vox, alineado con partidos como Bildu, entre otros grupos, para intentar rechazar la PNL del PP que busca defender el medio rural, Ávila y los servicios que los abulenses deben recibir».
Por su parte, la diputada Patricia Rodríguez subraya que «el trabajo del PP ha detenido un nuevo ataque de Pedro Sánchez a la España rural, a provincias del interior que se enfrentan a la despoblación y que, con políticas como las que pretende el Partido Socialista, no van a detenerla, porque está comprobado que la movilidad, las comunicaciones y los servicios de calidad en los pueblos a este Gobierno no le interesan».
El Ministerio de Transportes defiende que el nuevo modelo «moderniza y optimiza» la red, con más eficiencia y menores tiempos de viaje, y que permitirá reducir tarifas un 20%. Pero para el PP, estos argumentos no compensan el daño que supone la supresión masiva de rutas que no tienen alternativa real en las zonas rurales.
El Grupo Popular exige además que se respete la diversidad territorial y se garantice un modelo que combine eficiencia con cohesión social y territorial. «No se puede reducir la política de transporte a una ecuación de costes», concluye la proposición.