El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Ávila denuncia la "mala praxis" del equipo de gobierno de Por Ávila en el Consistorio en relación a la protección del patrimonio, bien por "desidia, falta de conocimiento o por negligencia". Los concejales socialistas se desplazaron este jueves a las tenerías de San Segundo de la ciudad, ubicadas junto al Puente Adaja, para lamentar lo sucedido con las obras realizadas en el exterior del recinto y que la Junta ha ordenado demoler por carecer de autorización. Su portavoz, Eva Arias, calificó de "aberración" la actuación llevada a cabo -unas estructuras de ladrillo a modo de rocalla para ajardinamiento- y afeó que se esté "jugando con un dinero público que no cuidan ni miman", en referencia a los más de 600.000 euros invertidos en la instalación inaugurada a mediados del año 2019.

"Podemos comprobar lo lamentable que ha quedado la obra y su impacto visual, más allá del patrimonial", subrayó, lo que a su juicio denota que "para este equipo de gobierno el patrimonio queda en el olvido", más allá de "hacerse la foto". Eva Arias también denunció que desde Por Ávila les hayan estado dando "largas" sobre estas actuaciones en las distintas comisiones en las que preguntaban por las mismas. "Nos acercamos, vimos movimiento de tierras y preguntamos, pero Sonsoles Prieto nos dijo que solo eran seis pequeñas jardineras", apuntó la portavoz, quien también criticó que tanto las tenerías como los hornos postmedievales "estén cerrados al público" desde el mes de febrero porque "se anuló la prórroga del servicio de atención al visitante".

El concejal Fernando Contreras, por su parte, explicó que él mismo pregunto en su día si las obras tenían la autorización de la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta "y me dijeron que no hacía falta", de ahí que pidieran que se evacuara un informe por parte de los técnicos que parece ser que fue el que alertó a Patrimonio sobre el alcance de la actuación. En este marco, reprochó la "falta de coordinación" entre los miembros del equipo de gobierno así como "su mala praxis" por "desidia, falta de conocimiento o por negligencia", al entender que debían de conocer que "había que pedir autorización" para cualquier actuación en un Bien de Interés Cultural. 

El concejal socialista mostró su preocupación por la posibilidad de que esta práctica sea sancionada con hasta 150.000 euros, según se recoge en la Ley de Patrimonio Cultural de la Junta.