El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se refirió al «importante éxito» que logró la Junta de Castilla y León en su reivindicación para modificar la protección del lobo al sur del río Duero. Después de mucho tiempo de trabajo, el Gobierno autonómico consiguió dos actuaciones importantes como el cambio de estatus del lobo en el Convenio de Berna y la actualización del censo en la Comunidad, que ha arrojado un incremento relevante de manadas de este cánido. 

«Ávila es el punto donde más daños por ataques de lobos se producen en Castilla y León», afirmó el consejero, quien consideró que «el Gobierno de España se encuentra arrinconado en la política del lobo, porque tiene a Europa, a todas las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS) y los datos en contra, por lo que no le va a quedar otra que derogar la Orden Ministerial de inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Especial Protección (LESPRE)». 

Suárez-Quiñones se felicitó por el hecho de que la Junta convenciera a los 50 países del Convenio de Berna para cambiar el estatus del lobo, que ahora establece que el régimen que debe regir en Europa es de la protección simple, el mismo que regía al norte del río Duero. Por otra parte, también se congratuló del incremento de manadas de lobo que se han producido en Castilla y León. Según el último censo, el número de grupos ha pasado de 170 a 193 en la Comunidad (en Ávila se ha pasado de ocho a 15 manadas muy activas). Sin embargo, esto también puede aumentar el número de ataques al ganado, con más de 5.500 cabezas muertas en un año. De ahí, que la Junta continúe reivindicando un cambio en las políticas para el lobo.