Castilla y León ha ejecutado ya el 62,2 por ciento de los más de 2.100 millones de euros que tiene asignados en los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y Next Generation. Una cifra que supone haber puesto en marcha más de 1.300 millones de euros, siendo la sexta comunidad de España con mayor porcentaje de ejecución de los programas activados en 2020 y 2021 para combatir los efectos de la covid-19 en la economía. Por otra parte, la Junta también ha abierto el 73 por ciento de las convocatorias de ayudas, tal y como destacó ayer la directora general de Política Económica y Competitividad de la Consejería de Economía y Hacienda, Rosa Cuesta. «Se trata de un nivel de ejecución bastante importante. Está costando y, seguramente, habrá que mejorar más».
Unos datos que salieron a la luz durante la jornada 'El mecanismo de recuperación y resiliencia y su impacto en Castilla y León', organizada por CCOO y el Consejo Económico y Social, y que contó también con el subdirector general de Programación del Plan de Recuperación y Resilencia del Ministerio de Hacienda, Jordi Colgan. Cuesta aprovechó su presencia en el acto para destacar, según recogió la Agencia Ical, el cumplimiento de los hitos y objetivos marcados por el Gobierno de España con la Unión Europea aunque dejó claro que «otra cosa» es que la Junta coincida con el nivel de flexibilidad al considerar que debe ser «aún mayor».
A juicio de la directora general, es necesario avanzar en la flexibilidad en la recta final, cuando se está «a contracorriente» y no está asegurado que haya una ampliación de los plazos. También, apostó por una mayor interlocución a la hora de aplicar los fondos que aún no han sido transferidos al valorar las capacidades de cada autónoma. «Somos capaces de aportar muchísima información, en función de nuestro tejido industrial, la capacidad productiva y la estructura social para repartir esos fondos».
Rosa Cuesta, no obstante, reconoció «tensiones» en «algunos» cumplimientos de objetivos en determinados sectores productivos en los ámbitos de sostenibilidad ambiental y la digitalización por las complicaciones para adaptarse y los ritmos exigidos. Citó la automoción a la hora de la eficiencia energética. Pero también valoró la «integración completa» de la sociedad, con una gran respuesta de los ciudadanos en las convocatorias de eficiencia energética y autoconsumo. «Hay una adaptación buena, aunque un poco acelerada, a los objetivos de Europa y que el Gobierno central ha integrado en su plan nacional».
Comprometidos
El subdirector general de Programación del Plan de Recuperación del Ministerio de Hacienda aseguró por su parte que el Gobierno central está comprometido con la ejecución de los fondos europeos, aunque reconoció que hay «ligeros» retrasos. No en vano, precisó que en cuanto a las solicitudes de desembolso hay un «decalaje» de unos seis meses, respecto a la previsión inicial. Algo que justificó por la aprobación de la adenda al Plan en octubre pasado, que ha supuesto una modificación. Hasta el punto que España cuenta con un total de 163.000 millones de euros, que supone el doce por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) nacional.
Enrique Cabero, presidente del CES de Castilla y León, valoró que sean los Consejos Económicos y Sociales, autonómicos, estatales y europeos, los encargados de «evaluar y analizar» el Mecanismo de Recuperación y Resilencia. En este sentido avanzó que en el informe anual sobre la situación económica y social de Castilla y León, seguirán desarrollando este extremo, «analizando los datos, ofreciendo también una valoración, una evaluación sobre lo que está suponiendo en Castilla y León».
Por último, Vicente Andrés (CCOO) defendió unos fondos que han supuesto, a su juicio, «dar un salto hacia adelante en una de las crisis más importantes que había con una posición anticíclica de inversión para hacer frente a la crisis y a la vez suponer un proceso de transformación del modelo productivo con políticas fomentadas al medio ambiente y la igualdad».