La Audiencia Provincial de Ávila acogerá el próximo miércoles un juicio por la presunta estafa de una empleada de hogar a un matrimonio de personas mayores. Tanto la Fiscalía como la acusación particular piden la condena por estafa, con peticiones de cinco y seis años de prisión respectivamente, mientras que la defensa solicita la libre absolución al no reconocer los hechos.
Según el relato de la Fiscalía, la acusada, M.L. G., «con el propósito de obtener un beneficio económico injusto, aprovechando que estaba contratada como empleada de hogar para el cuidado de M.A.B.G. y su marido en el domicilio de estos, en Ávila, accedió tanto a las claves como a la tarjeta y libretas bancarias». Con ello hizo, señala, «un uso no autorizado» entre el 12 de agosto de 2021 y octubre de 2022, llevando a cabo «numerosísimos reintegros en cajeros automáticos de entidades bancarias, consiguiendo así apoderarse de una cantidad total de 86.400 euros». Estos hechos son para el fiscal un delito de estafa por el que se pide cinco años de prisión y la inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante la condena, además de diez meses de multa con una cuota diaria de diez euros. Como responsabilidad civil, se pide que la acusada indemnice a las víctimas con la cantidad de 86.400 euros, además de las intereses legales.
La acusación particular también considera que los hechos son un delito de estafa, en su caso «agravada», por lo que solicita la pena de seis años de prisión y una multa de 20 meses «en atención a la especial gravedad e importe defraudado» y «al quebranto económico causado a las víctimas, abusando de la relación personal existente». También piden la indemnización de 86.400 euros.
Esta acusación señala que la acusada procedió a efectuar reintegros de las cuentas bancarias a través de distintos cajeros automáticos cuando los titulares «no habían autorizado». Para ello, dicen, «aprovechó su posición y confianza como empleada del hogar y cuidadora en la vivienda de los denunciantes, donde comenzó a trabajar en enero de 2021» cuando los ancianos contaban con 75 y 74 años. Pone de relevancia la «situación de dependencia y especial vulnerabilidad» del matrimonio.
Además añade que la acusada «gastaba todo el dinero sustraído en el bingo, al que acudía con una frecuencia casi diaria», muchas veces concordando «con las disposiciones bancarias no autorizadas».
Sin embargo, la defensa pide la libre absolución al estar «disconforme con el relato de los hechos» que realizan Fiscalía y acusación, señalando que la acusada fue contratada como empleada de hogar «sin dar alta en la Seguridad Social ni formalizar contrato de trabajo» y que lo que sucedía es que «ambos esposos ordenaban a la acusada que acudiera al cajero a fin de realizar retiradas de efectivo con el fin de guardarlo en casa y pagar todos los gastos con este dinero». Para poder realizar estas «retiradas en efectivo, los esposos facilitaban a M.L.G. tanto las libretas bancarias como las tarjetas con sus claves». Además, «en otras ocasiones, alguno de los esposos solicitaba a la acusada a que le acompañase al cajero para realizar retiradas de efectivo». Por consiguiente, considera que la acusada no tenía el «propósito de obtener un beneficio económico injusto» y, por tantom no hay «delito de clase alguno» por lo que se pide la absolución y que no se establezca ninguna responsabilidad civil.