En seis años largos y convulsos de Gobierno, nunca como ahora Pedro Sánchez había demostrado su decisión de ejercer el poder sin límites y sin atender a quienes le pedían prudencia y que mostrara respeto no solo por los votantes incondicionales sino también por el resto de los ciudadanos y por los políticos de la oposición. 

El presidente se ha saltado todas las líneas rojas, incluso las que marcan las leyes y la Constitución, aseguran profesionales que no ocultan su preocupación por la deriva que ha emprendido. Algunos de ellos coinciden en que el comportamiento del jefe de Gobierno puede tener su origen en su indignación por las noticias sobre cómo maneja su mujer el máster de la Complutense que dirige y gestiona, y que si no es tráfico de influencias se le parece mucho. 

La indignación se amplía al leer y escuchar todo lo relacionado con la forma en que su hermano David, ha organizado su vida, con la compra de una vivienda en Portugal, donde se ha residenciado fiscalmente, aunque el único salario que recibe -que se sepa- es de una institución española, la Diputación de Badajoz.

Estas contrariedades personales -más que contrariedades, serios problemas que podrían tener efectos judiciales- que se suman a las dificultades políticas que arrastra desde que decidió continuar en Moncloa tras las elecciones del 23 de julio aunque no había ganado, han afectado a la estabilidad de su Gobierno, obligado a hacer pactos indeseados. Algunos de los cuales han provocado más que malestar en otros socios del Ejecutivo, que amenazan con dejar de apoyarle. 

La operación de mayor riesgo ha sido el acuerdo con ERC para aceptar lo que siempre había negado antes: el concierto económico para Cataluña que llevaba a Salvador Illa a la Generalitat y le aseguraba -pensaba Sánchez- el apoyo de los independentistas.

Pero la rivalidad entre ERC y Junts llevaron a Puigdemont a cuestionar el mantenimiento del apoyo al líder socialista. Aunque lo más grave ha sido que dentro del propio PSOE se levantó una ola generalizada contra el cupo catalán que, por mucho que Sánchez y sus portavoces insisten en que no se trata de un concierto especial sino de una financiación singular y que favorece no solo a los catalanes sino también al resto de los españoles, los propios dirigentes regionales del partido se han mostrado absolutamente contrarios a ese acuerdo, que les coloca en una situación imposible ante los ciudadanos de su región.

Un hombre cercado

Un Sánchez acosado por su propia gente, y con la espada de Damocles sobre su cabeza ante el creciente descontento, decidió que la mejor defensa era el ataque. 

Lo primero, anunciar que dentro de dos meses celebrará un congreso federal, del que saldrá una nueva ejecutiva. A buen entendedor, el futuro estaba claro: cualquier voz disidente recibiría merecido castigo. Los no incondicionales ya podían ir buscando nuevo acomodo fuera del sanchismo. El calendario es de vértigo, todo va a ir deprisa, muy deprisa. 

En las semanas previas al congreso la imagen de Pedro Sánchez como dirigente de comportamiento impecable podría verse afectada porque él mismo podría haber amparado comportamientos no tan impecables en su círculo más cercano. En el familiar, además de las noticias de tanta repercusión en los últimos meses, aparecen ahora informaciones inquietantes sobre personas que lo han sido todo en el sanchismo y conocen muy bien todo lo relacionado con Sánchez, incluidas las maniobras que utilizó para llegar al poder y mantenerse en él.

En Moncloa, por ejemplo, no pueden estar tranquilos estos días con las noticias que se publican sobre Ábalos cuando era ministro de Fomento y poderosísimo secretario de organización del PSOE. Ábalos advirtió que su voto en el Congreso no es incondicional a Pedro Sánchez. Todo un toque, todo un aviso.

Un Pedro Sánchez que pedalea para no caer de la bicicleta, ha decidido proceder al último asalto de las instituciones del Estado. Le quedaban muy pocas por controlar, el CGPJ, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia y resolver la interinidad de RTVE, donde hace pocos meses ya colocó a una militante del partido al frente del Ente Público.

Nueva colonización

Le resbalan las críticas, y su idea es colocar de nuevo a una persona de perfil inequívocamente sanchista al frente de la radio y televisión pública, un organismo muy útil, prácticamente indispensable, para presentar a Pedro Sánchez como el patriota que salva a España de los horrores de la ultraderecha, en la que incluye a Feijóo y al PP, y que quieren gobernar para acabar con las políticas sociales que implantó la izquierda. Ahí incluye sanidad, educación, pensiones, y una fiscalidad que castiga a los ricos y sea sensible a los problemas de los pobres. Porque es el leguaje sanchista, diferenciar entre ricos y pobre,.

En el CGPJ fue importante el pacto alcanzado con el PP antes del verano. Pero Sánchez estuvo a punto de echar abajo ese espíritu al imponer para la Presidencia una candidata, mujer y de perfil inequívocamente socialista a la hora de tomar determinadas decisiones. 

El PP se plantó, y ya al límite de tiempo se aceptó su propuesta de ampliar el número de candidatos y propuso para la Presidencia a Isabel Perelló, que fue elegida por amplia mayoría. Una magistrada del Supremo considerada progresista pero sobre todo absolutamente independiente en sus decisiones profesionales. Demostró, efectivamente, ese talante independiente en el discurso que pronunció en el acto de apertura del año judicial. 

En cuanto al Banco de España, Sánchez se salió con la cuya. Nunca Bolaños puso sobre la mesa un nombre que no fuera el de José Luis Escrivá, exministro de Seguridad Social y hasta ahora titular de Transformación Digital. 

En el propio Gobierno hubo gestos y más que gestos de incomodidad, empezando por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. El PP se negaba por el hecho de que, de nuevo, Sánchez ponía a un ministro al frente de una institución, lo que consideraba inadmisible ética y profesionalmente. Sánchez sin embargo se impuso, y el BdE está ya en manos de Escrivá.

Pero no hay tranquilidad para los sanchistas: el periódico digital El Debate está publicando datos sobre un chalet en Torrelodones y otro en Benasque, propiedad de Escrivá, puestos a nombre de una sociedad instrumental para pagar menos impuestos.

Por esa razón, aunque de mucha menor envergadura, Máximo Huerta fue cesado como ministro de Cultura a la semana de tomar posesión. Y poco después la ex ministra de Sanidad Carmen Montón, y Sánchez declaró que jamás admitiría en su equipo a nadie que recurriera a sociedades instrumentales para aliviar sus responsabilidades fiscales. 

La bicicleta de Sánchez sigue andando, pero… con menos ímpetu del esperado.