Los 44 menores migrantes asignados a Castilla y León, fruto de los acuerdos de solidaridad interterritorial sellados a finales de 2023 y este mismo año, llegarán de manera escalonada desde estos días hasta el día 15 de agosto y se alojarán en las viviendas y pequeños centros con los que cuenta la Junta en todas las provincias de la Comunidad autónoma.

La vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, detalló que serán alojados «en función de sus características y necesidades» con el objetivo de «satisfacer y cubrir sus necesidades de apoyo de atención», así como que «se integren en un entorno que les sea lo más familiar posible».

Sin poder dar más detalles al respecto «por respeto a los propios menores», Blanco señaló que «existen recursos y plazas» para ellos, ya que «el modelo de Castilla y León no es un crear un macrocentro», sino disponer de «pisos, viviendas o pequeños centros en todas las provincias» en los cuales «se facilite la atención y la integración» que estos menores necesitan.

En este sentido, en materia de inmigración, la recientemente nombrada vicepresidenta de la Junta de Castilla y León consideró que «el primer problema» que existe es «la incompetencia del Gobierno para tener una política migratoria», algo que «no puede suplir con una imposición», tal y como «está acostumbrado a hacer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez».

Isabel Blanco, que recordó que el pasado martes fueron los propios «socios de Sánchez», Junts per Catalunya, quienes «le fallaron» y «no votaron a favor de la Ley de Extranjería ni del techo de gasto», lo que demuestra «la inestabilidad, la falta de diálogo y la falta de consenso del Gobierno», mientras que lo que «se reclama y necesita en España es una política de Estado en este aspecto».

Frente a ello, la también consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades abogó, en declaraciones recogidas por Ical, por «una política migratoria que apueste por los países de origen de los están inmigrantes» como Senegal, Mali o Mauritania, para lo que «hace falta un control de fronteras».

También es necesario para Blanco «implicar a la Unión Europea y activar el Frontex para evitar las llegadas masivas que se están produciendo hacia las comunidades autónomas que están siendo solidarias desde el consenso y el diálogo».

Precisamente, el presidente de la ciudad autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), exigió ayer al Gobierno que, en lugar de buscar el reparto de menores no acompañados entre las autonomías cuando una de ellas está situación de sobreocupación de sus centros de acogida, se enfoque en exigir a Marruecos el cumplimiento de los acuerdos bilaterales que establecen la readmisión de sus menores nacionales.

No obstante, tal y como ya hizo el martes el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, la vicepresidenta reclamó también una reunión de la Conferencia de Presidentes «para abordar temas importantes que nunca pueden ser por imposición o por una negociación bilateral», entre las que aludió a «la política migratoria o la reforma de la financiación autonómica».