Han pasado ya unas cuantas semanas desde que el Gobierno pactara con ERC un acuerdo para traspasar a Cataluña el privilegio de recaudar, gestionar e inspeccionar el cien por cien de los impuestos. El objetivo era claro. Primero, la investidura de Illa como presidente de la Generalidad y segundo, apuntalar a Sánchez en el gobierno de España. La gravedad de este acuerdo es obvia: rompe el régimen común y el fondo de solidaridad con el que vienen financiándose las Comunidades Autónomas. Cierto que el acuerdo está más que obsoleto. Hace años que no se reúne el Consejo de Política Fiscal y Financiera para replantearse un modelo que además de anticuado no responde a las necesidades actuales de las CC.AA. y que perjudica claramente a algunas.
La realidad hoy es que, por las necesidades de Sánchez para seguir en el poder, se ha firmado el acuerdo para la financiación de Cataluña sin tener en cuenta al resto de comunidades, rompiendo la LOFCA, la Constitución y sin aportar ni un solo dato. Únicamente contamos con informes privados que aseguran que al menos un 30% de la recaudación total se iría a Cataluña y que ello supone ni más ni menos que se privaría al Estado de los recursos necesarios para ejercer sus funciones esenciales. "Una financiación a la carta podría comportar que ciertas comunidades se queden sin recursos", asegura Fedea. Supondría, además, subir los impuestos a todos y bajar el gasto en pensiones. Lo primero ya lo ha avanzado el propio Pedro Sánchez y témanse lo peor. Los ricos son pocos y aportan unos 600 millones de euros, una cantidad a todas luces irrisoria si hablamos de los más de 13.000 millones de recaudación que se perderían con el concierto catalán.
Nada hemos sacado en claro de la comparecencia de Montero en el Senado, ni de Sánchez ante el Comité Federal del PSOE de ayer sábado. Ni un solo papel ni un número. Y ya les aseguro que tardaremos en saber realmente el roto a las arcas del Estado, la repercusión en la financiación de las comunidades, cuánto nos subirán los impuestos y qué harán con las pensiones. Pero, si sale adelante, los que no somos ni catalanes ni vascos ni navarros sabremos en propias carnes que quieren decir cuando hablan de "financiación singular".