En la España de nuestros días suceden cosas que no tienen precedentes. No hay precedentes de qué por orden del juez de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo , funcionarios de la UCO ( Guardia Civil) , entren y registren el despacho institucional del fiscal general del Estado con el objeto de incautarse de documentación, de sus teléfonos móviles, el oficial y el personal y de otros dispositivos electrónicos: dos ordenadores , una "tablet" y varios USB. Más de diez horas de registro. Tampoco hay precedente de qué en semejante trance quien sabe que está imputado por un presunto delito de revelación de secretos y arrastraba ya el estigma de haber sido declarado inidóneo por el Tribunal Supremo estando, además, reprobado por el Senado, no haya dado un paso a un lado presentando su dimisión. El descrédito que su negativa a renunciar al cargo se proyecta sobre la institución que dirige.

Cristina Dexeus presidenta de la mayoritaria Asociación de Fiscales se lo ha recordado señalando que la entrada y registro de los agentes de la UCO en despacho del fiscal es una noticia demoledora que destroza la institución -añadiendo- que la permanencia de Álvaro García Ortiz en el cargo "resulta inadmisible en democracia porque denigra la imagen de la institución".

En términos parecidos se ha pronunciado Miguel Pallarés, presidente de la APIF ,otra de las asociaciones de fiscales, apuntando que la negativa de García Ortiz a dimitir coloca a la institución "en una situación insostenible". No hay precedente de una situación similar como tampoco lo hay de la actitud del Gobierno - con Pedro Sánchez a la cabeza- anunciando que García Ortiz cuenta con el respaldo del Ejecutivo. Consigna que repite sin aparente reflexión el ministro de Justicia. Llegados a este punto y a la vista del destrozo que en términos de reputación institucional supone semejante estado de cosas, habrá que confiar en qué a quien corresponde ahora tomar la palabra: el Tribunal Supremo, ponga las cosas en su sitio. Cuanto antes , mejor.