Al ministro para todo, Félix Bolaño, es posible que le pueda más el deseo que la realidad y que, por su cargo, esté obligado a mostrarse optimista en un caso y exigente otro, con respecto a la posibilidad de que el próximo jueves se apruebe en el Congreso la senda de gasto, el primer paso para la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, aunque lo más posible es que de ninguna de sus dos actitudes vayan a seguirse efectos positivos para el Gobierno.
Mostrarse optimista ante la posibilidad de que Junts, el partido de Puigdemont, cambie de criterio y acepte ahora lo que tumbó hace dos semanas es un ejercicio de voluntarismo a no ser que sepa más de lo que se ha dicho sobre la reunión del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, con Junts en Bruselas, de donde salió con buenas sensaciones pero sin ningún compromiso salvo el de seguir negociando en Madrid hasta el último minuto, pero sin que a los 'indepes' se les hayan visto ganas de cambiar de criterio. Sin que la amnistía alcance a su jefe, tras el acuerdo del PSC con ERC sobre la financiación singular, con el placer que les proporciona ver morder el polvo a Pedro Sánchez en las votaciones parlamentarias y con la negativa del Gobierno a transferir el control de fronteras a Cataluña, los siete diputados de Junts no ven ningún motivo para hacerle un favor al Gobierno, máxime cuando la gobernabilidad de España les importa una higa como repiten sin cesar. Como son impredecibles a la hora de votar, y como la realidad no se puede ocultar, quizá las negociaciones de última hora tengan resultado positivo para Sánchez que recibiría una inyección de ánimo que le serviría para ir tirando hasta el momento decisivo de la votación de las cuentas públicas.
Que el ministro de la Presidencia y Justicia, vuelva la vista, como el resto de los ministros del Gobierno que hablan estos días, hacia el PP para presionarles para que voten a favor de la senda de gasto, con el argumento de que si no lo hacen dejarán perder 12.000 millones de euros en dos años para el gasto en servicios públicos de comunidades y ayuntamientos es otro esfuerzo baldío. Confiar en un ejercicio de generosidad por parte de la oposición es esperar un advenimiento que solo ha ocurrido una vez en la última década, cuando el PSOE decidió abstenerse para que pudiera gobernar Marino Rajoy, lo que le costó el cargo a Pedro Sánchez. ¿Qué son 12.000 millones de euros ante la posibilidad de que el Gobierno se vea obligado a clausurar la legislatura y redactar ellos las cuentas públicas? Nadie va a ablandar el corazón de Feijóo, que considera que el Gobierno es "insostenible" y menos ahora que ha visto que Sánchez no ha hecho ninguna encerrona a los barones que han ido a visitarle, con la financiación autonómica y las quitas de deuda al fondo. Y aun así ha vuelto a reunirse con todos ellos en Madrid por segunda vez en quince días, dado que se produjeron deserciones respecto a la posición común adoptada entonces, que le dejaron en mal lugar, aunque no ha tenido motivo de preocupación.
Con la financiación singular, y para hacer patente su posición al "cupo y concierto" para Cataluña, los barones populares quieren volver a salir a la calle de forma preventiva para protestar contra el Gobierno como lo hicieron con la ley de amnistía -cinco manifestaciones en Madrid en nueve meses-, a pesar de que todavía no hay ni un solo papel ni acuerdo remoto sobre ese asunto.