No es lo mismo el delito achacable a un individuo que el delito vinculado a una institución, aunque sea achacable a quien la representa. La memorizada imagen de unos agentes de la Guardia Civil, en su función de policía judicial, registrando el despacho de García Ortiz y sus dispositivos móviles, no tenía precedentes.

Tampoco los tenía una causa abierta al fiscal general por el Tribunal Supremo por un supuesto delito de revelación de secretos. Buena noticia para acreditar el funcionamiento de la democracia en lo que se refiere a la independencia judicial y la separación de poderes. Pero muy mala noticia para quienes creemos que un servidor público debe salvaguardar la dignidad del cargo que ostenta.

Es desgarradora la sola posibilidad de que un defensor de la legalidad pueda haber actuado fuera de ella. O constatar que la aplicación de la ley divide a quienes están obligados a defenderla. Por un lado, el Gobierno y el fiscal general, que hacen piña en el relato achacable al fango de la derecha frente al higiénico desmentido de un bulo. Y por otro, los cinco magistrados de la sala segunda del TS que en su día apreciaron por unanimidad indicios delictivos por parte de García Ortiz.

¿De qué lado ponerse?

Lo que tradicionalmente se llama el "cuerpo del delito" fue una nota de prensa de la fiscalía en la que se utilizaban datos protegidos que aparecían en la inviolable comunicación entre el abogado de un contribuyente y el fiscal de delitos económicos que había abierto un expediente por fraude a dicho contribuyente. Casualmente, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La sola posibilidad de que el fiscal general esté o haya estado en una operación para destruir políticamente a Díaz Ayuso es muy perturbadora. Y el hecho de que sea aireada por el PP y rechazada por Sánchez con la misma contundencia no nos saca de dudas.

Lo último es la expectativa creada con las nuevas diligencias dictadas por el juez, Ángel Hurtado. Como instructor de la causa ha citado para el próximo 16 de enero a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid y al fiscal de delitos económicos, así como a los responsables de comunicación de la Fiscalía. Sería relevante saber si el borrado de ciertos mensajes en el teléfono móvil de García Ortiz fue o no fue inocente, porque dichos mensajes llevasen fechas coincidentes con el uso público de datos confidenciales de un presunto defraudador fiscal.

Si se confirmase finalmente que el borrado no fue inocente estaríamos ante una figura penal sobrevenida, de aplicación a la autoridad o funcionario público que "a sabiendas sustrajere, destruyere, utilizare u ocultare, total o parcialmente documentos cuya custodia le está encomendada por razón de su cargo". Tanto peor.