El asalto a Telefónica llevado a cabo por Pedro Sánchez en el Palacio de La Moncloa tiene antecedentes, aunque la resistencia del protagonista fue otra, algunos actores fueron los mismos y el escenario principal elegido para la conspiración idéntico.
En 2005, siendo presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero, se puso en marcha una operación de acoso y derribo contra los presidentes de las principales empresas privadas españolas. Los métodos elegidos pasaban por desacreditar a su principal dirigente con asuntos falsos o más viejos que el hilo negro y no prosperaron.
Entre los elegidos estaba Manuel Pizarro, entonces presidente de Endesa. La Caixa, a través de Gas Natural, lanzó una OPA hostil sobre la compañía, fraguada desde el corazón de La Moncloa.
La operación de asalto pasó por investigaciones exhaustivas de la vida y milagros de Pizarro y su familia, robo de ordenadores en la empresa, persecuciones de policías. En fin, todo un montaje mafioso. Con lo que no contaron entonces fue con la resistencia del presidente de Endesa, que con la Constitución en la mano dejó claro que no iba a ser fácil hacerse sin más con la compañía, que no tiraría la toalla hasta que los accionistas recibieran un precio justo y que las leyes están por encima de los manejos de un presidente del Gobierno y sus peones. Y así fue, cuando la acción alcanzó los 40 euros como había prometido a sus accionistas, desde los 18 euros en que se situaba en 2005, Pizarro, en junta extraordinaria de accionistas dejó los trastos. Finalmente, el Gobierno, después de diversas maniobras, acabó vendiendo en Roma y de tapadillo la gran empresa española a la italiana Enel.
Ahora se pone como escusa que otros gobiernos europeos están presentes en empresas públicas de telefonía. Se les olvida que a sus presidentes no se les pone y se les quita en la sede del Gobierno y sí en presencia de sus accionistas. Ni tampoco que su asalto tiene finalidades espurias que nada tienen que ver con una mejor administración de la empresa ni con un mayor beneficio para sus accionistas. Se trata, como han explicado varios analistas, y no hay que estar muy ciego, del control de la publicidad de los medios de comunicación. Más bien con cerrar el grifo a los que no están alineados con las andanzas de Pedro Sánchez, su familia y su gobierno.