Las siete asociaciones de jueces y fiscales de España salieron ayer en tromba para defender y exigir respeto a la independencia judicial, especialmente desde quienes representan a los otros poderes del Estado, en una alusión a las graves declaraciones de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, sobre la "vergüenza" que le producía la sentencia absolutoria de Dani Alves. Aparte de que este tipo de comentarios socavan la confianza en el sistema, cosa que los miembros del Gobierno y dirigentes socialistas llevan haciendo toda la legislatura, los profesionales de la justicia destacan que las resoluciones se adoptan tras un análisis exhaustivo de las pruebas presentadas y conforme a la legislación vigente, que por otro lado no aprueban ellos, sino quienes critican.

Es esencial que las instituciones y los representantes públicos respeten y respalden la labor de jueces y magistrados, más allá de que se pueda discrepar de algunas sentencias. Sería inimaginable el caso contrario, que fuera este colectivo profesional quien criticara las decisiones del Gobierno o las leyes aprobadas por el Parlamento, así que debe exigirse reciprocidad en el respeto a las competencias y resoluciones de cada uno de ellos. El hecho de que las palabras de Montero fueran pronunciadas en un mitin político no restan ni un ápice de gravedad, más bien al contrario demuestran una irresponsabilidad que, en muchas ocasiones, traslada a la acción de gobierno.

Como dije, más allá de las legítimas críticas a una resolución, que siempre deberían ser fundadas y contextualizadas, la vicepresidenta no puede cuestionar que la presunción de inocencia prevalezca «sobre el testimonio de mujeres jóvenes que denuncian a personas poderosas», pues nadie debería tener que recordarle, y ayer lo hicieron las asociaciones de la carrera judicial, que la presunción de inocencia es un derecho fundamental recogido en nuestra Constitución. Que toda una número dos del Gobierno de España pueda decir tal barbaridad es algo que nos debería espeluznar y que, sin embargo, contamos como uno más de los atropellos del Ejecutivo de Pedro Sánchez a la norma fundamental en los últimos años.

Ya son demasiados los colectivos profesionales que reclaman a los ministros y dirigentes socialistas, incluidos los socios de investidura, un respeto institucional que debería ser sagrado entre los representantes públicos. La democracia tiene que basarse en un reparto de poderes y competencias que cada uno debe ejecutar con lealtad a las leyes vigentes y de forma sensata y razonada. Nadie debería saltarse nunca este axioma, que estamos viendo romperse en demasiadas ocasiones en los últimos tiempos y eso tiene consecuencias en una sociedad en peligro de ruptura ante los engaños, abusos y decisiones del Gobierno de Sánchez, que no debería contar con políticos de la talla de María Jesús Montero.