La agria polémica y el cruce de acusaciones de las últimas semanas entre la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, están adquiriendo en los últimos días tintes de novela negra. La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, pactada el pasado 20 de diciembre por los sindicatos y la ministra, se está convirtiendo en una bola de nieve que amenaza con abrir una grave crisis dentro del Gobierno de Pedro Sánchez. Aunque esta medida está recogida dentro del acuerdo firmado por PSOE y Sumar para la formación del Ejecutivo, el problema surgido ahora son los tiempos. Mientras que Economía siempre ha sido partidario de flexibilizar los plazos de la entrada en vigor de dicha reducción de la jornada, desde Trabajo se quiere mantener a toda costa lo firmado con los representantes sindicales, una vez que la patronal se descolgó del acuerdo tras once meses de negociaciones.
Desde Trabajo aprietan para que se cumpla el plazo, lo que hace necesario que pase cuanto antes por el Consejo de Ministros e inicie una tramitación por vía de urgencia en el Parlamento, donde se someterá a una prueba de fuego ante las dificultades del Gobierno por sacar adelante cualquier proyecto de ley debido a la inestabilidad del apoyo de sus socios de investidura. Estas prisas no parecen afectar al departamento de Cuerpo, quien asegura que trabajan para garantizar que pase lo más rápido posible por toda la tramitación necesaria y con todas las garantías necesarias, lo que significa que pretenden tener en cuenta la realidad económica, la realidad empresarial y la realidad parlamentaria.
Esta es una prueba más del desacuerdo entre el Ministerio de Economía y el de Trabajo sobre la medida estrella de la legislatura, la principal negociación laboral que se ha llevado a cabo en los últimos años y la que más se destacó cuando anunciaron el pacto de Gobierno. Los dos departamentos, que dicen estar de acuerdo en el objetivo, están llegando a un enfrentamiento público sobre el despliegue de la medida que perjudica a ambos partidos políticos e incluso al tejido empresarial y sindical de España. Siempre hay tensiones cuando miembros de diferentes partidos políticos forman parte de un mismo Gobierno; sin embargo, suelen 'apagarse' internamente sin que salte a la opinión pública y deteriore la imagen de un pacto, que en este caso hace aguas por muchos más sitios.
Más allá de la reducción de la jornada laboral, que merece hacerse con todas las garantías y el mayor consenso posible, esta discrepancia pública, con reproches a través de los medios de comunicación y respuestas en la televisión, amenaza con hundir aún más la credibilidad y seguridad que debe ofrecer un Gobierno serio, algo que evidentemente está muy lejos de ser y parecer el que preside Pedro Sánchez. Si no es capaz de poner orden ni en su propia casa, cómo podemos esperar que lo haga en el conjunto del país.