El consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, cifró en un 70 por ciento los objetivos cumplidos por su departamento del acuerdo de Gobierno firmado entre PP y Cs en estos dos primeros años de legislatura y en los que la Junta se ha visto inmersa «en un proceso sin precedentes de implantación de una cultura de la transparencia y la regeneración democrática».
Según recordó Igea, la Consejería nació con un el propósito de implantar una agenda de regeneración política. «Una agenda en la que la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la mejora de la eficiencia administrativa debían ser, junto a la memoria histórica y democrática, objetivos fundamentales», incidió el también portavoz y vicepresidente.
«Porque por más que les pese a algunos, no me cansaré de insistir en que la Consejería de Transparencia está haciendo honor a ese nombre con su trabajo diario, que nació porque la transparencia y la regeneración están en el ADN del partido al que represento, y que gracias a nuestra acción actualmente la Junta se encuentra inmersa en un proceso sin precedentes de implantación de una cultura de la transparencia y la regeneración democrática», aseveró durante su comparecencia en las Cortes para informar sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de legislatura.
Así, en estos dos primeros años, marcados, como recordó, por la irrupción de la pandemia y su consecuente crisis sanitaria, económica y social, más del 70 por ciento de los puntos del pacto de gobierno que corresponden a su cartera se hallan en ejecución permanente, finalizados o cumplidos (9 de 14); mientras que del total de medidas comprometidas de modo específico por la Consejería, ese grado de cumplimiento se eleva hasta el 82 por ciento (de las 123 iniciales, 102 están en ejecución o ya realizadas).
Además, insistió en que «continúa trabajando para poder dar cumplimiento a todos los compromisos de regeneración reflejados en los acuerdos de gobernabilidad, con la mirada puesta en 2023».
También defendió que se han sentado las bases que permitirán afrontar durante los próximos años y desde un enfoque integral el reto demográfico, «el gran reto en el que esta Comunidad se encuentra embarcado», en el que todas las administraciones y la sociedad civil deben ir de la mano para luchar contra la despoblación. En este sentido, subrayó como logro «que se oiga mejor la voz de Castilla y León en las instituciones europeas, y que de esta forma sean mejor atendidos sus intereses de Comunidad».
Asimismo, en el desglose de la acción de gobierno, aludió al refuerzo de las políticas migratorias, favoreciendo la cohesión social de las personas inmigrantes que llegan a Castilla y León, a la que se refirió como una tierra de acogida, y fomentando el retorno de las personas que dejaron un día la Comunidad.
Nueva ley de transparencia.
En concreto, Igea destacó tres acciones propias desarrolladas por la Consejería: la elaboración de una nueva ley de transparencia, acceso a la información pública y su reutilización, la creación de una huella normativa y la aprobación de un catálogo de información pública.
El vicepresidente recordó, además, que la nueva ley de transparencia, acceso a la información pública y su reutilización incorpora como novedad sustancial la inclusión de las entidades locales en el ámbito de aplicación de dicha futura ley.
En cuanto al derecho de acceso a la información, las novedades que se incluyen en esta futura ley se encaminan a difundir y facilitar el ejercicio de este derecho eliminando restricciones y obstáculos. Y es que el catálogo del Portal de Datos Abiertos cuenta ya con más de 610 conjuntos de datos, siendo el de mayor trascendencia la visualización de la situación epidemiológica, que desde su inicio, el 16 de marzo de 2020, aglutina más de 4 millones de usuarios nuevos, más de 23 millones de sesiones y cerca de 44 millones de páginas vistas.
Por otro lado, de los próximos proyectos normativos previstos por la Consejería, Igea destacó la tramitación de un anteproyecto de ley de participación ciudadana que se prevé remitir a las Cortes antes de que concluya el actual periodo de sesiones, una ley que impulsará la participación de la ciudadanía y de los grupos en que se organiza y abordará la regulación de los denominados ‘lobbys’ o grupos de interés.
De igual modo, la cartera está avanzando en dos proyectos: la creación del Consejo de Dinamización Demográfica como órgano colegiado consultivo y deliberante, de propuesta y participación de la sociedad civil en materia demográfica, sustituyendo así al Consejo de Políticas Demográficas; y la elaboración de un anteproyecto de Ley de Dinamización Demográfica, cuyo objetivo será fijar, retener y atraer población en la Comunidad.
Otra novedad es que los próximos Presupuestos para 2022 incluirán información detallada de las cuantías que mejorarán la actual perspectiva demográfica alineando el presupuesto con el reto demográfico.