Castilla y León, Cantabria, Asturias y Galicia dieron ayer un plazo de tres semanas, hasta el próximo 15 de junio, para que el Gobierno retire la orden ministerial por la que incluye al lobo en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, y anunciaron que si no lo hace presentarán un recurso ante el Tribunal Supremo para solicitar medidas cautelarísimas de suspensión. Así lo anunció el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tras reunirse con sus homólogos de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez (PP); de Asturias, Alejandro Calvo (PSOE), y de Cantabria, Guillermo Blanco (PRC); así como con representantes de Asaja, Pedro Barato; UPA, Aurelio González del Río; y Coag, Miguel Blanco, entre otros. Tras la cita, en la que se renovó «el compromiso en favor la ganadería y el medio rural» y la postura contraria a la inclusión del lobo en el Lespre, Juan Carlos Suárez-Quiñones, aseguró que «no se está dando un no por el no», sino que «se está pidiendo la retirada de la orden ministerial y la creación de una mesa de trabajo para discutir todo sin ninguna línea roja y crear un censo nacional del lobo», en la que participen también representantes de las Opas, así como del Ministerio de Transición Ecológica y el de Agricultura, entre otras organizaciones «antes de que el Ministerio publique la orden en el Boletín Oficial del Estado para su entrada en vigor el 25 de septiembre».
El consejero autonómico reivindicó la existencia de «una estrategia nacional en materia de biodiversidad» fuera de la que «no se puede adoptar ninguna decisión ministerial sin tenerla en cuenta». Del mismo modo, reclamó la necesidad de «actualizar el censo nacional del lobo, que falta por hacerlo» y pidió al Gobierno de España que «la estrategia tenga consenso y se avance de abajo a arriba y no a la inversa». Por último, reiteró que «pedirán medidas cautelarísimas al Tribunal Supremo» en caso de que siga adelante y puso de manifiesto que «con ello se defiende el territorio y la ganadería extensiva como medio para la pervivencia del medio rural».
Dimisión de Teresa Ribera
Por su parte, el presidente nacional de la Asaja, Pedro Barato, denunció que el Ministerio para la Transición Ecológica «ataca permanentemente al sector agrícola y ganadero» sin «una sola ley, orden o decreto a favor de la España vaciada». Barato fue tajante y avanzó que si el Gobierno no retira el proyecto pedirán la dimisión de la ministra Teresa Ribera y acusó a su Ministerio de «traicionar la confianza del campo en el diálogo».