Los letrados del Congreso no ponen trabas a que el pleno debata la iniciativa de Junts que insta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a someterse a una cuestión de confianza porque, de ser aprobada, "carecerá de impacto jurídico alguno", si bien dejan en manos de la Mesa de la Cámara la decisión final al respecto.

En un informe fechado este lunes, víspera de la reunión en que la Mesa del Congreso calificará la proposición no de ley -paso preceptivo para que pueda ser debatida por el pleno- los servicios jurídicos de la Cámara Baja concluyen que, "no habiendo precedentes" de iniciativas similares, será la Mesa a quien corresponderá "fijar un criterio".

La Mesa está presidida por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y cuenta con tres representantes del grupo socialista, que sumados a otros dos de Sumar pueden conformar mayorías frente a los cuatro representantes con que cuenta el grupo popular.

Cuando Junts presentó su iniciativa fuentes parlamentarias avanzaron que la Mesa tomaría su decisión conforme al asesoramiento de los letrados y advirtieron de que la admisión a trámite no podía darse por hecho.

Argumentaban estas fuentes que la cuestión de confianza es un instrumento político exclusivo del Gobierno que no corresponde plantear al Legislativo, que ya tiene la moción de censura como herramienta para exigir responsabilidades al Ejecutivo, algo que recoge el informe como posible motivo para la que la Mesa rechace la propuesta.

Dos opciones

Sin tomar partido por ninguna opción en concreto, el documento que mañana será estudiado por la Mesa alerta de que el mecanismo promovido por Junts podría constituir "una moción de censura encubierta, que no cumpliría ni con los requisitos ni con el cauce que constitucional y reglamentariamente se establecen".

Pero también dice que el "carácter político" de las proposiciones no de ley impide apreciar en ellas vulneración de las competencias del Gobierno, por lo que, bajo ese punto de vista, la de Junts debería admitirse a trámite.

Eso sí, propone en ese acaso añadir una coletilla que aclarara que su valor sería "puramente político" y no generaría en Pedro Sánchez "el deber jurídico de plantear la cuestión de confianza".

Pero también explican los letrados que existe otra perspectiva según la cual la confianza otorgada al presidente en la investidura solo puede quebrarse mediante una moción de censura, de modo que no debería ser admitida la iniciativa de los independentistas catalanes ya que la Cámara tiene a su disposición el mecanismo de la moción de censura como "único idóneo" para el fin propuesto.

Tras hacer todas estas reflexiones, el informe deja completamente abierta la posibilidad de que la Mesa resuelva como considere conveniente.

Y en todo caso, concluye que al tratarse de una proposición no de ley su resultado "si fuera admitida y sometida al pleno" no tendrá impacto jurídico alguno "en la relación de confianza existente entre el Poder legislativo y el Ejecutivo".

Además, apunta que el criterio que se aplique mañana "probablemente servirá como referencia" para decisiones futuras sobre iniciativas similares.

La propuesta de Junts busca que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acepte someterse a una cuestión de confianza, una figura parlamentaria que solo puede promover el propio jefe del Ejecutivo, a diferencia de la moción de censura, que presentan los grupos.

El documento, de 14 páginas, hace un exhaustivo análisis del alcance "limitado" de las proposiciones de ley y recuerdan los casos en que han sido rechazadas o inadmitidas para su reformulación.

Ha ocurrido con iniciativas que instaban al Gobierno a realizar actuaciones propias del Parlamento, se referían a competencias de la propia Mesa, se dirigían a entes territoriales o pretendían ejercer un control sobre el jefe del Estado o la Casa Real